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La auditoría encargada el año pasado por la empresa pública Mercasa a Ernst & Young desvela irregularidades en siete países. En el informe, que ya está en poder del juez De la Mata -que investiga a esta sociedad en la operación Trajano- hay muchos datos ya conocidos, pero también se han destapado presuntos manejos corruptos en otros países, siempre entre los años 2011 y 2016, cuando presidía la compañía Eduardo Ameijide, nombrado por el PP.
Hay que recordar que la UCO investiga a esta empresa estatal dedicada a los mercados de abastos por sus negocios en el exterior, después de que el fiscal Anticorrupción Conrado Sáiz presentara una querella en la Audiencia Nacional por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Los auditores han analizado cuentas, correos electrónicos y han tomado declaración a trabajadores. En sus conclusiones, algunas adelantadas ayer por El Confidencial, hay indicios de corrupción en Panamá, Argentina, Chile, El Salvador, Senegal, Angola y República Dominicana. Actualmente, la Audiencia ya investiga los negocios de Angola, Dominicana, Argentina y Panamá.
En el caso de Panamá, los auditores revelan que Mercasa podría haber estado elaborando pliegos de un concurso público al que ella misma se iba a presentar. La Audiencia y la Fiscalía están investigando el presunto sobrecoste de un 400% en el precio de unos cursos impartidos en ese país. En Chile, el caso es muy parecido: se sospecha que Mercasa participó en la confección de los pliegos del Centro Regional de Abastecimiento de Talca y también que los tuvo con antelación.
En El Salvador se repitió la historia, esta vez con un concurso de ese Ministerio de Agricultura centroamericano. Intentaron obtener los pliegos con antelación y el entonces ex diputado del PP y presidente del consorcio público-privado con el que Mercasa hacía negocios en el extranjero dijo que intentaran «cocinar» esos pliegos para que los obtuviera una empresa ligada a otro de sus socios. Ese socio es José Herrero de Egaña, sobrino del empresario Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal), que participaba también en el consorcio público-privado.
Precisamente, de José Herrero se resaltan otras irregularidades en un negocio de Mercasa con Senegal. Unos correos del presidente de la patronal senegalesa dejan entrever que se reunirían en París para amañar comisiones («intereses confidenciales», lo llaman en ese correo electrónico).
En Argentina se resalta la relación entre Pablo González, ex directivo de Mercasa y hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y su cuñado Juan José Caballero. Ambos están investigados en la Audiencia en el caso Lezo, y el primero contrató a una empresa vinculada al segundo para la construcción de un mercado gourmet en Buenos Aires. En el caso de Mercasa, Caballero no está siendo investigado y cabe recordar que González fue uno de los funcionarios que denunció internamente el pago de comisiones ilegales y que contribuyó al esclarecimiento de esos hechos.
Los otros dos casos restantes son los más conocidos. El de Angola, cuyo negocio ronda los 500 millones de dólares, según el juez De la Mata, se centran en el pago de comisiones ilegales y contratos ficticios con la complicidad del prófugo Guilherme Taveira, al que este periódico localizó en Angola, y que permanece en busca y captura por la falta de cooperación con ese país africano.
El otro caso es el de República Dominicana, también investigado por el juez, el fiscal y la UCO. Principalmente, los auditores se centran en las operaciones vinculadas entre los socios del consorcio público-privado, para las que no encuentran justificación.
Fuente: El Mundo.
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