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Los canales de denuncias en términos económicos: Los beneficios de "blow the whistle"

Artículo de Alba Lema, vocal de la World Compliance Association y Directora en SMC Compliance

Autora: Alba Lema

El pasado día 13 de marzo tuve el honor de participar en los “Espacios de Compliance” que organiza la CNMC para hablar, junto con otros ponentes, de los canales de denuncia. Tras la jornada recibí un par de mensajes a través de esta red en los que me pedían si podía publicar una breve reseña sobre lo hablado en la misma. Pues bien, aprovecho este post para sintetizar el contenido de mi intervención que llevaba por título “los canales de denuncia en términos económicos” y en la que analizaba los beneficios que puede reportar el uso esta herramienta o, a sensu contrario, los perjuicios de no tenerla.

Comencé mi intervención aludiendo a la experiencia norteamericana y, en particular, a cómo las recompensas a denunciantes previstas en diversas leyes de ese país habían resultado altamente efectivas a la hora de destapar importantes casos de corrupción.

Según un reciente informe del National Whistleblower Center [1] , en el año 2017 el gobierno de los EE. UU. recuperó unos 3,7 billones de dólares gracias a su programa de detección del fraude. Pues bien, de esta cantidad global, los denunciantes (whistleblowers) fueron directamente responsables de la detección y reporte de conductas fraudulentas por valor de 3,4 billones de dólares.

Esta cifra, supone el 92% de la cantidad total recaudada, lo que pone de relieve que los canales de denuncia se presentan como la herramienta idónea para destapar los casos de corrupción, prácticas irregulares y cualquier otro tipo de fraude en el seno de las organizaciones. Como contra prestación a esta colaboración con las autoridades americanas, los denunciantes percibieron una cifra cercana a los 400 millones de dólares.

La recompensa a denunciantes no es una cuestión nueva en el sistema americano donde los informantes pueden llegar a obtener hasta un 30% de las sanciones impuestas a las empresas condenadas.

La Foreing Corruption Practices Act del año 1977 o la más reciente Dodd-Frank del año 2010 establecen programas de incentivos y protección para denunciantes que, según muestran los datos del informe, son la vía de detección del fraude más utilizada y efectiva por parte de las agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos.

Si nos trasladamos al ámbito europeo no encontramos un estudio de similar índole debido, probablemente, a la falta de cultura de los sistemas de whistleblowing y a la ausencia de normas que regulen un sistema sólido de incentivos a los denunciantes. Sin embargo, sí conocemos el coste que supone para los países de la UE no disponer de estos sistemas: 54.000 millones de euros. Y esta cantidad sólo en el ámbito de la contratación pública[2].

 En efecto, según un informe de la Comisión de Europea de julio de 2017, ese es el beneficio que se habría obtenido en todo el conjunto de la Unión (exceptuando Malta) si existiese una correcta política de protección del denunciante. En el caso español, prosigue el estudio, esa cantidad es de casi 3300 millones de euros lo que superaría el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de sanidad para el año 2019 en el caso de haberse aprobado (3133,56 millones €)

 Finalmente, existe otro coste del que no hablan estos informes y es el coste para denunciante, un coste que sigue un patrón prácticamente idéntico en todos los casos; aislamiento, acoso, sanciones disciplinarias, despido y el más absoluto desamparo.

A la vista de lo anteriormente expuesto, a mi juicio se podrían extraer las siguientes conclusiones:

 1.    Los canales de denuncia se presentan como el mejor método para la detección de la corrupción, el fraude o cualquier otro tipo de conducta irregular en seno de las organizaciones. Por lo tanto, deben de potenciarse como herramienta fundamental dentro de los programas de cumplimiento siendo un pilar básico de los mismos

 2.    La protección del denunciante es requisito sine qua non para que estas herramientas al servicio del cumplimiento puedan ser efectivas. Darle al denunciante un “estatuto” especial desde el mismo momento que denuncia hasta que se resuelva la investigación podría ser un paso para animar a los informantes a reportar los casos de incumplimiento.

 3.    La recompensa económica u otro tipo de incentivos son vitales para que el sistema funcione ya que los trabajadores no se quieren exponer “a cambio de nada”.

 4.    Las regulaciones existentes o las que se aprueben en un futuro deberían de ser más estrictas y contundentes exigiendo la externalización de los canales para su gestión por terceros independientes a fin de garantizar la transparencia, imparcialidad, objetividad y confidencialidad de la información y de los datos del denunciante. La Propuesta de Directiva comunitaria podría ser una buena oportunidad para la imposición de estas obligaciones, pero por ahora, la Unión Europea no ha optado por ninguna de las dos: ni canales externos ni incentivos económicos al denunciante. 

 Finalizo este breve artículo con una frase que leí hace un rato en la página web oficina del denunciante de la SEC y que resume perfectamente lo hasta aquí escrito:

 “Assistance and information from a whistleblower who knows of possible securities law violations can be among the most powerful weapons in the law enforcement arsenal of the Securities and Exchange Commission”.

 

[1] El título completo del informe es: Foreing Corrupt Practices Act: how the whistleblower reward provisions have worked. An analysis of the Foreign Corrupcion Practices Act (“FCPA”) whistleblower reward provisions, and implementation of the law over the past four decades, Agosto 2018, National Whistleblower Center, disponible en https://www.whistleblowers.org/wp-content/uploads/2018/12/nwc-fcpa-report.pdf

[2] Estimating the economic benefits of whistleblower protection in public procurement https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en

 

 


 
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