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15/01/2018

Así compra políticos una multinacional en España: "No había facturas ni presupuestos"

José Antonio Hernández no había dicho una palabra desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014 en la primera fase de la operación Púnica. Su primer paso por la Audiencia Nacional duró seis minutos. El tiempo que necesitó para acogerse a su derecho a no declarar y escuchar las preguntas que había preparado la Fiscalía. El pasado 20 de diciembre, más de tres años después, regresó voluntariamente al Juzgado Central de Instrucción número 6. Esta vez, estuvo en la sala dos horas y 19 minutos. No dejó ninguna pregunta sin responder. Y de su declaración se desprende un minucioso relato sobre cómo una multinacional presuntamente corrupta paga a políticos en España.

La multinacional es Cofely. En el momento de su arresto, Hernández era jefe de Operaciones de esa filial del gigante francés GDF, renombrado Engie ocho meses después de que estallara este escándalo. Se encargaba de supervisar los contratos de eficiencia energética adjudicados a su empresa por más de una decena de ayuntamientos. Las cifras de las concesiones son astronómicas: Moraleja de Enmedio (3,6 millones), Alcalá de Henares (13,9), Collado Villalba (42,9), Parla (66,1), Valdemoro (60,8), Móstoles (75), Serranillos del Valle (5,7), Torrejón de Velasco (4,9) y Getafe (varios contratos, el menor de 1,2 millones). A esas adjudicaciones hay que sumar las que estaban a punto de cerrarse cuando se desencadenó la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son los casos de Almendralejo (20,2 millones), Brunete (8,9) y Casarrubuelos (3). En total, 306,2 millones de euros que habrían salido del bolsillo de los ciudadanos de esos municipios.

Los tres años de instrucción ya habían permitido reconstruir el presunto amaño de todas esas adjudicaciones, pero Hernández aportó hace tres semanas detalles clave sobre los mecanismos que usó Cofely para comprar a alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Ante el actual instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, el exempleado de la filial francesa —fue despedido tras la operación— reconoció que los contratos con los ayuntamientos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas. Supuestamente, eran gastos generados por “los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación”, declaró. En un primer momento, las partidas eran identificadas directamente con el concepto 'commission fee', es decir, comisión. Sin embargo, en adjudicaciones posteriores, el capítulo se camufló como 'success fee' (comisión de éxito) y 'project management' (gestión de proyecto).

Había otras partidas en los contratos que también llamaron la atención de Hernández. Se trata de los conceptos “control de auditoría” y “encuestas de calidad de servicios”, que supuestamente también debía abonar Cofely. El extrabajador, acusado de cohecho, falsedad documental e integración en organización criminal, aseguró en la sala que sus superiores en Cofely le dijeron que también debía “ejecutarlas con cargo al contrato” público. En teoría, esos fondos debían costear auditorías anuales sobre el ahorro energético que la compañía había proporcionado a los ayuntamientos con los que trabajaba.

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