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Proteger a los denunciantes de corrupción, tarea aún pendiente

Se cumplen 10 años del estallido del "caso Pretoria", precedente con el "caso Palau" de otras tramas y ni Congreso ni Parlament han regulado todavía velar por los alertadores, lo que se debate hacer en Cataluña

Autor: Jordi Ribalaygue

Fuente: El Mundo

Albert Gadea comprendió de inmediato por qué la Guardia Civil irrumpió, hace 10 años, en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. «No tuve ninguna duda. Fue la confirmación de que lo que sospechábamos era verdad y de que no estábamos locos. Estábamos convencidos de que pasaba algo pero no sabíamos bien qué». Gadea ocupaba por entonces un cargo directivo en la estructura del entonces alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, detenido el 27 de octubre de 2009, cuando se destapó el caso Pretoria, una gran red de corrupción urbanística que, junto al caso Palau, precedió a las imputaciones de la familia Pujol y las pesquisas del 3%, que han transfigurado la política catalana. 

El mismo día se arrestó al ex diputado del PSC y conseguidor de obras Luis García, Luigi, y dos prohombres del pujolismo, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, entre otros. Se los señaló por compraventas de solares en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, con las que se enriquecieron mediante sobornos, propiciando recalificaciones o manejando información privilegiada. La Audiencia Nacional concluyó que se generaron más de 5,8 millones de euros en ganancias ilícitas. La causa está pendiente de que se resuelvan los recursos de los condenados ante el Tribunal Supremo.

Antes de que el escándalo viera la luz, Gadea avisó de irregularidades al alcalde -quien le dio largas, asegura- y respaldó a la interventora, Maite Carol, «sometida a continuas e insistentes presiones» por redactar informes críticos, según la sentencia. Carol y Gadea asistieron a la Guardia Civil aportando estudios y aclarando el contenido de documentación incautada. Menos de dos meses después de los registros, quien se convirtió en alcaldesa, Núria Parlon, prescindió de la interventora, que ocupaba una plaza interina, mientras que Gadea recriminó que se le degradara a un puesto de técnico raso, aislado y sin nada que hacer. Se querellaron pero la causa se archivó.

«Fue un descalabro. Me presionaron, querían que dejara de colaborar con la instrucción y castigarme para que me marchara», afirma el ex funcionario, que se reinventó fuera del sector público. Una década más tarde, cree que operaciones de impacto como Pretoria han resultado disuasivas y han promovido la transparencia gracias a la presión social, pero lamenta que quien advierte de anomalías desde dentro «está igual que hace 10 años»: «La desprotección es la misma. No es fácil denunciar y no puede ser que, por hacerlo con nombres y apellidos, uno sea presionado en su trabajo».

Ni en el Congreso ni el Parlament se ha alumbrado una norma que blinde la confidencialidad y la estabilidad laboral de las fuentes. El último intento en Las Cortes ha decaído al convocarse elecciones, mientras que la cámara catalana debate una proposición para regular la protección de quienes descubran malas prácticas en áreas de la Generalitat, ayuntamientos, partidos, organizaciones sindicales y empresariales, empresas con más de dos millones de euros de negocio y entidades que superan los 100.000 euros en subvenciones.

La impulsa la plataforma de activistas digitales Xnet. Su portavoz, Simona Levi, sostiene que, con una ley así hace 10 años, se podría haber amonestado al Ayuntamiento de Santa Coloma. Al igual que revelar la identidad de quien desvela presuntas anomalías, el borrador de la ley prevé multas de 100.000 a 300.000 euros por tomar medidas contra los informantes. Además, el Parlamento europeo aprobó en abril una directiva de defensa de los denunciantes, que los Estados miembro deben adoptar en un término de dos años.

«Hubieran tenido más protección y menos sufrimiento, sin su nombre a la vista», alega Levi, a lo que añade que la norma obliga a instalar buzones digitales para recibir denuncias mediante conexión segura y anónima, sin dejar rastro de la IP del emisor, en empresas de más de 50 trabajadores o ingresos de 10 millones de euros y las administraciones que rijan sobre más de 10.000 habitantes.

«Contra la corrupción es importante que haya cauces que no juzguen y que la información aflore con independencia de quién la ofrezca. Solo debe importar la veracidad de la información y no obligar a las personas a exponerse a una trama», reflexiona Levi, convencida de que el anonimato «permite que salgan a la luz muchos más abusos», al dar garantías a testigos que, en general, «no les apetece nada inmolarse».

La norma quiere impedir que los informantes sean despedidos o se merme sus condiciones desde que la Oficina Antifrau los registre como alertadores. «Se trata de que denunciar no suponga costes sociales y personales», aboga el director de la Antifrau, Miguel Ángel Gimeno. Para conceder «alivio» a las fuentes, ve fundamental que la oficina pueda parar resoluciones injustas contra los denunciantes, «como el despido, un traslado o días sin sueldo». «Que se les reconozcan derechos al momento y no se les quiten hasta que un juzgado se pronuncie», sintetiza.

Gimeno opina que tramas como Pretoria han precipitado «un cambio de mentalidad». «Se tomó conciencia y se percibió de que lo teníamos cerca, pero hay insatisfacción por la impresión de que no se ha limpiado a fondo. Y frustra al afectar a políticos que se tuvo en consideración», analiza. Considera grave que «España no tenga una estrategia nacional e integral contra la corrupción» que sincronice medidas de prevención, refuerzos de personal en Fiscalía y el sistema judicial y cambios legislativos.

Gadea habla del «miedo» a contradecir al poder como un propulsor de la corrupción: «Seguramente el alcalde se lió a hacer ilegalidades, pero la mayoría de la gente miró a otro lado. Sin eso, no hubiera pasado». Siente que actuó correctamente: «Hubiera sido mucho peor que me plegase».

 


 
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