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¿Podemos hablar de una "Primavera Latinoamericana" en Anticorrupción?

Noticias sobre protestas ciudadanas y condenas a prominentes políticos y empresarios llevan a plantear que Latinoamérica se está movilizando contra la corrupción que históricamente ha afectado a la región. Hay quienes observan este fenómeno con escepticismo y piensan que la debilidad de las instituciones y el frágil Estado de Derecho que la mayor parte de la región presenta es un obstáculo para el éxito de estas iniciativas. Lo cierto es que, si bien los esfuerzos son destacables, parece ser muy prematuro para sacar conclusiones y evaluar el impacto del fenómeno.

Los esfuerzos legislativos de un importante número de países, los cuales se nutren de la experiencia de países más avanzados en estas materias, constituyen una señal potente en la lucha contra la corrupción promovida por la comunidad internacional. Pero, ¿de qué depende que esta nueva normativa anticorrupción genere resultados concretos? Veamos, por ejemplo, qué sucede dentro de una organización cuando se busca implementar una nueva política o procedimiento.

 

El Peligro de Transformarse en Letra Muerta

La emisión de una regla concreta y precisa es únicamente un punto de partida, y naturalmente no genera de modo inmediato que ejecutivos y colaboradores se comporten de acuerdo a sus lineamientos y objetivos. Justamente por ello resulta crucial el esfuerzo que se despliega con posterioridad a la creación de una regla, con fines de promover y asegurar su cumplimiento.

Son muchos los ejemplos de códigos de conducta o políticas internas que pasan a ser letra muerta o a decorar un estante. Es más, la ineficacia o mala interpretación de una nueva regla puede terminar generando un daño a la organización. Lo mismo puede ocurrir con una legislación anticorrupción que no es efectivamente aplicada.

Algunas de las nuevas normas promulgadas en la región han sido bien evaluadas desde una perspectiva de técnica legislativa. Pero volvamos a nuestro paralelo. De nada sirve tener un extraordinario código de conducta, procedimiento o control interno en una empresa, si el mismo no es conocido, comprendido y asumido en su contenido y alcance por los empleados, ejecutivos y directores de la compañía.

Por ende, resulta clave el cómo se comunica y capacita respecto del código. De la misma forma, para asegurar la correcta implementación de un marco regulatorio anticorrupción, se requiere educar a funcionarios públicos, empresarios, organismos fiscalizadores, persecutores, y a la propia ciudadanía.

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