Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

El compliance de las cotizadas debe ser como la mujer del César

Autora: María Jesís Hernández Elvira

Fuente: Expansión

Consecuencia de las últimas confesiones del comisario José Manuel Villarejo se ha puesto en evidencia la necesidad de hacer una revisión de los comités o comisiones de compliance de las grandes empresas.

Hemos visto en el caso de BBVA y de Iberdrola, entre otros, como la contratación del citado comisario - presuntamente- por parte de la cúpula de las citadas empresas para espiar a cualquiera que pudiera entorpecer sus negocios, las ha llevado a la imputación penal de la persona jurídica en el caso de BBVA, y ya veremos qué sucede con Iberdrola, que por el momento tiene citado a declarar como investigado a su responsable de seguridad.

A falta de resolución judicial que confirme las noticias que tenemos al respecto, lo cierto es que parece que se había instaurado una forma de hacer negocio por parte de algunas cotizadas en la que el control de determinados aspectos de la actividad por medio de determinadas prácticas irregulares era la forma práctica de desenvolverse en el mercado y no solo eso, sino que además se pagaban cuantiosas cantidades por ello. Llama la atención en el caso de Iberdrola, que pese a la existencia de un informe interno de la Dirección de Administración, Control y Regulación del 2004 que describe la realización de unos trabajos de vigilancias especiales con un presupuesto de mas de 300.000 euros, no se hubiera tomado medida alguna.

Lo cierto es que, a raíz de estos casos, el regulador lanzó un comunicado el pasado mes de noviembre poniendo de manifiesto su preocupación por las presuntas prácticas irregulares de algunas sociedades cotizadas, por entender que las mismas pudieran afectar a la imagen y reputación del mercado de valores. Consecuencia de ello recordaba a las empresas bajo supervisión de CNMV que es necesario que las sociedades cotizadas cuenten con políticas y controles adecuados para prevenir la corrupción, así como con medidas de identificación, evaluación, gestión y control de los riesgos e impactos asociados a los mismos.

El compliance officer debe gozar de los máximos niveles de autonomía e independencia frente al órgano de administración, según reza el propio texto legal del Código Penal que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el fin de poder desempeñar sus funciones sin condicionamientos que le impidan o dificulten desarrollar sus cometidos y de tal forma que puedan actuar sin tener que temer posibles represalias (no como parece que ha sucedido en el caso Unidas Podemos).

Para garantizar este extremo, los modelos de prevención deben prever los mecanismos para la adecuada gestión de cualquier conflicto de interés que pudiera ocasionar el desarrollo de las funciones del responsable de cumplimiento penal o compliance officer. Algo que no parece que ha sucedido ni en BBVA ni en Iberdrola, a la vista de los datos que se han hecho públicos.

La Circular de la Fiscalía General de Estado 1/2016, referente en esta materia, concluye que: Lo verdaderamente relevante a los efectos que nos ocupan es que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo, no estando reñido esto con el hecho de que la realización de determinadas actividades relacionadas con el compliance sean externalizadas, entendiendo que ... muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización.

Y este punto es el que quiero destacar y por donde parece que irá el regulador. Por ello incide en las obligaciones de las cotizadas de recoger en los informes anuales de gobierno corporativo los riesgos principales que afecten a la actividad, incluidos los de corrupción. Incide en la necesidad de revisar las políticas y procedimientos- para algo muy importante y que parece que está fallando- asegurarse de que son suficientemente exigentes y se aplican realmente.

Por ello, una de las medidas que claramente serían beneficiosas para las mencionadas empresas, y para el buen fin de las funciones de los compliance officer o responsables de cumplimiento de las mismas, tal y como viene a insinuar la citada comunicación del regulador, es contar con asesores externos expertos en derecho penal y en materia de compliance que formen parte como independientes de los comités o consejos de cumplimiento penal- como ya se hiciera con los consejos de administración- con el fin de garantizar esa transparencia, autonomía e independencia que se torna absolutamente necesaria porque como dice Julio César No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo.

 


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar