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¿Estamos preparados para erradicar el blanqueo de capitales?

Autor: Alejandro D. Caneda (PIBISI)

Fuente: Expansión

Se estima que cada año hasta el 75% del dinero generado a partir de actividades ilegales, tales como el tráfico de armas, drogas o incluso personas, se consigue blanquear a través de algún punto de entrada al sistema financiero.

Lo que esto nos está diciendo es que luchar contra el blanqueo es, antes que una obligación legal, que también, una obligación moral, una cuestión de responsabilidad social. Cabría pues preguntarse, ¿estamos preparados para asumir esta responsabilidad?

Es un hecho que la tecnología digital está transformando el mundo. La llegada de las criptomonedas, la tokenización y la eclosión de las empresas fintech han creado nuevas formas de dinero y han multiplicado las formas de interactuar con él, incluidas las menos honestas. Las autoridades, de forma acertada y en virtud de su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responden a estas nuevas amenazas aumentando la presión regulatoria sobre los sujetos obligados, mediante dos tipos de actuaciones principales. Por un lado, amplía la propia definición de Sujeto Obligado, incluyendo una mayor tipología de negocios, como pueden ser joyerías, inmobiliarias, despachos de abogados, notarios, plataformas de financiación participativas, galerías de arte... y por otro lado, exige controles más exhaustivos. En resumen, más regulación para más empresas.

Como ciudadano me preocupa que el sector del cumplimiento normativo no sepa adaptarse a esta transformación. Como ingeniero no me cabe duda de que esta transformación sólo será posible a través de una disrupción tecnológica, que elimine de forma efectiva los frenos que hoy en día impiden un correcto cumplimiento por parte de las empresas.

El mayor freno a mi parecer es sin duda el elevado coste asociado a las tareas de cumplimiento. Un coste que viene dado, en gran medida, por la existencia de demasiados procesos ejecutados de forma manual. Si bien algunas tareas son necesariamente manuales, como el tratamiento de las alertas cuando hay alguna coincidencia con las listas globales de terroristas y sancionados que no pueden ser automatizadas, queda mucho por hacer para corregir la ineficiencia de las herramientas actuales. Siguiendo con el caso de las búsquedas en listas, es ciertamente desmotivante para el sujeto obligado que las herramientas actuales devuelvan una tasa de falsos positivos (personas clasificadas erróneamente de alto riesgo por el sistema) superior al 99%. Si a este pobre rendimiento se suma la total ausencia de herramientas económicamente asequibles para los nuevos sujetos obligados de pequeño y mediano tamaño, con partidas presupuestarias muy alejadas de las que disponen las entidades bancarias, el panorama desde el punto de vista de la empresa que quiere cumplir puede llegar a ser desolador.

Otro freno no menor a la hora de cumplir con las obligaciones es sencillamente el desconocimiento. A falta de una comunicación oficial a los sujetos obligados muchas empresas desconocen sus obligaciones, quedando además expuestas a ser multadas por el regulador. Una sencilla herramienta telemática, o la coordinación con otras instituciones, podría remediar esta situación.

La ausencia de inspecciones, sobre todo en sectores de nuevos sujetos obligados, como las galerías de arte, podría considerarse un factor desincentivador. En este punto hago hincapié en que, en mi opinión, es la propia administración pública la responsable en último término de crear las condiciones y los incentivos necesarios que propicien tasas de cumplimiento y eficacia cada vez mayores. Si me aceptan el símil, nada hay nada más motivador para un trabajador que el ejemplo de un jefe justo, eficaz y diligente.

Otro freno que observo en la actualidad, sin duda más difícil de cuantificar, es el derivado de la complejidad de la regulación y los posibles conflictos o contradicciones con otro tipo de normativas, códigos o regulaciones. Un caso paradigmático es el secreto profesional que ampara a los abogados, y que les permite no tener que cumplir con alguna de las obligaciones de prevención, como la de comunicar o denunciar una operación sospechosa. En este caso específico, el artículo 22 de la Ley 10/2010 entra en conflicto con el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía, a la hora establecer la exigencia o no de encontrarse el cliente en un proceso de judicial para poder aplicar el supuesto.

Desde un punto vista más personal, creo que uno de los mayores enemigos de la Prevención del Blanqueo de Capitales es que su cumplimiento se percibe como un coste, cuando en realidad debería verse como un valor añadido, como un servicio más que la empresa ofrece a la sociedad a través de sus productos y servicios. Desde una perspectiva de consumidores, de forma análoga a los controles de seguridad en el aeropuerto, deberíamos exigir a los sujetos obligados que cumplan sus obligaciones de forma exhaustiva, correcta, y de la forma más efectiva y eficiente. Y a las empresas tecnológicas deberíamos exigir que pongan toda su capacidad creativa al servicio del desarrollo de nuevas y mejores herramientas.

 


 
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