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Regular a los PEP (o cómo evitar que los políticos corruptos hagan un gol)

Las siglas PEP sirven de acrónimo para asuntos tan variados como protocolos informáticos o agencias por la paz. También es el nombre de pila de una de las grandes figuras del fútbol europeo. Pero aunque alguna vez escribimos sobre la relación entre el futbol y el lavado de dinero, esta nota no va ni de protocolos informáticos ni de deporte: hoy vamos a hablar de cómo regular a las personas expuestas políticamente, conocidas en la jerga de la anticorrupción como PEP.

En febrero de 2018, Transparencia Internacional publicó los últimos resultados del Índice de Percepción de Corrupción global que clasifican a 180 países según la corrupción del sector público percibido por expertos y ejecutivos de empresas privadas.  En el caso de los países de América Latina y el Caribe, los puntajes reflejan índices bastante desfavorables -algunos se han mantenido en los mismos niveles que años anteriores y en múltiples casos se han deteriorado con el paso del tiempo.

Un soborno es cosa de dos

La corrupción es un mal persistente en la región y con frecuencia alcanza al más alto nivel político de los países. El escándalo de Odebrecht y la participación del sector privado y funcionarios públicos en más de 12 países dan prueba de extensión regional del tema. No en vano, la trama ha sido catalogado como “la mayor red de sobornos extranjeros de la historia”.

La información que surge de las investigaciones, en especial en Brasil donde los procesos se encuentran más avanzados y existen condenas firmes, muestran que los sobornos no sólo estaban relacionados con la obtención de contratos, sino que además se producían a lo largo de la ejecución de las grandes obras de infraestructura. Los pagos se hacían tanto directamente a funcionarios deshonestos, como a través de sociedades comerciales donde estos funcionarios eran beneficiarios finales.

Esta modalidad de corrupción nos hace reflexionar una vez más sobre el cómo y por donde se mueven estas cuantiosas sumas, y cómo puede mejorarse el trabajo del sector financiero y los reguladores para prevenir que los recursos ilícitos provenientes de la corrupción ingresen a la economía legal. Los partícipes de la corrupción requieren no sólo de su libertad personal, también del blanqueo del dinero ilícito para disfrutar del dinero impunemente. Por eso, en algún momento, los recursos ilícitos son insertados en el sistema financiero a través de técnicas de lavado de dinero con el objeto de poder disponer de ellos libremente. La comunidad internacional le otorga gran importancia a las políticas de prevención de blanqueo de capitales como instrumento de lucha contra la corrupción.

Y en el centro de esta discusión se encuentra el concepto de Persona Políticamente Expuesta, o PEP.

Control sobre políticos, familiares y colaboradores

Con el fin de ofrecer herramientas para enfrentar este problema el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contiene un conjunto de requerimientos concretos para las PEPs. Las Recomendaciones 12 y 22 del GAFI requieren a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas la aplicación y ejecución de medidas de debida diligencia para las PEP.

 

Por: Roberto de Michele, Guillermo Jorge y Pamela Valderrama

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