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La Unión Europea decidida a proteger a los “whistleblowers” o “alertadores” contra la corrupción

La Unión Europea  quiere unificar la actualmente fragmentada protección de los alertadores o whistleblowersen los países de la Unión Europea (UE), a través de un sistema diseñado para proteger y fomentar la denuncia de las infracciones del derecho con plenas garantías ante posibles represalias para los denunciantes de corrupción u otras irregularidades, tanto en el sector público como en el privado.

También se protegerá a los periodistas que publican sus denuncias.

Estas son las líneas principales de lo que al final posiblemente se convertirá en una Directiva que la comisión de Asuntos Legales aprobó el pasado día 13 de noviembre.

No sólo se trata de una pérdida de potenciales beneficios en la contratación pública, que se estima entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en la UE, sino que el Comité de Asuntos Legales quiere garantizar que los denunciantes puedan informar de las infracciones en los países miembros en el ámbito de la evasión fiscal, la corrupción, la protección del medio ambiente y la salud pública y la seguridad, sin temor a represalias o intimidación.

Es también importante el detalle de que los diputados acordaron que se apliquen las mismas medidas de protección a los que ayudan a la persona que informa, como por ejemplo, a los periodistas que publican en sus medios de las denuncias de los “whistleblowers”, término que se utiliza en inglés; en español se abre camino el de “alertadores”, por su significado positivo frente a palabras como “soplones”, “informantes” o “delatores”, que tienen un sentido claramente negativo.

El futuro proyecto de Directiva quiere asegurar que los posibles denunciantes se sientan seguros y conozcan los canales de denuncia, por lo que se pedirá a los Estados Miembros que tanto el sector privado como el público pongan en marcha canales de denuncia interna y externa adecuados, para que el “alertador” pueda elegir el más apropiado para informar dependiendo de las circunstancias.

Asimismo los gestores de estos canales deberán asegurar a la persona que su informe se ha recibido en el plazo de una semana y proporcionar información sobre el seguimiento del mismo en un plazo no superior a dos meses.

PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

El texto acordado prohíbe explícitamente las represalias y los Estados miembros tendrán que tomar las medidas necesarias que garanticen la protección de los alertadores contra las mismas.

Los diputados también instan a los Estados miembros a proporcionar información y asesoramiento de forma gratuita, así como apoyo legal, económico y psicológico que necesiten los denunciantes.

 

Por: Adelaida Del Campo

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