Duro golpe a la lucha contra la corrupción en Perú. El fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, cuestionado por sus vínculos con una mafia judicial y sus relaciones con el fujimorismo, destituyó a los dos fiscales -Rafael Vela y José Domingo Pérez- que investigaban a Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde hace dos meses por pedido de los fiscales removidos de sus cargos, y al ex presidente Alan García, con impedimento de salida del país también a solicitud de estos fiscales. Esta decisión del fiscal general pone en riesgo las investigaciones por la gigantesca corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht, que compromete a cuatro ex presidentes, buena parte de la clase política e importantes empresarios. Vela era el fiscal coordinador del equipo especial que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú, y Pérez, elegido por los peruanos hombre del año por su actuación en los procesos contra Keiko y García, el principal fiscal de este equipo.
La destitución de Vela y Pérez ocurre a pocos días que se vea la ratificación de un acuerdo de cooperación con Odebrecht negociado por ambos fiscales para que la constructora brasileña entregue información y pruebas sobre la corrupción de la empresa en el Perú, acuerdo que ahora corre riesgo. Chávarry anunció el cese de ambos fiscales en la noche del lunes, a pocas horas del Año Nuevo. Pero el momento del anuncio no impidió las protestas. Miles de peruanos recibieron el nuevo año en las calles, pero no celebrando, sino protestando por la decisión de Chávarry.
El presidente Martín Vizcarra expresó su “enérgico rechazo” por la destitución de los fiscales que llevaban adelante los casos más importantes de corrupción política. Vizcarra, que había viajado a Brasil para asistir al cambio de mando presidencial suspendió su asistencia a esa ceremonia y regresó de emergencia a Lima para enfrentar la crisis abierta por el fiscal general. Anunció que su gobierno estudia medidas para responder a esta decisión de Chávarry, la que, dijo, afecta gravemente los procesos anticorrupción. “Tenemos que actuar respetando estrictamente las leyes, la Constitución y la independencia de poderes. Vamos a tomar medidas en base a un análisis técnico y legal”, señaló el presidente.
Desde distintos sectores están pidiendo que el Ejecutivo declare en emergencia la Fiscalía de la Nación, encabezada por el cuestionado Chávarry, cuyas intenciones de proteger a Keiko y a García ya son inocultables. Con tres votos a su favor, incluido el suyo propio, en la junta de fiscales supremos de cinco miembros, a Chávarry solamente lo puede destituir el Congreso, pero la mayoría fujimorista lo protege y con sus votos evita que el Parlamento debata y vote cuatro acusaciones constitucionales en su contra por sus relaciones con una mafia judicial puesta al descubierto en julio pasado. En una conversación a través de un chat entre Keiko y los dirigentes de su partido, que se ha hecho pública, la congresista fujimorista Rosa Bartra señaló que la permanencia del fiscal general en su cargo era “una cuestión de supervivencia” para el fujimorismo. En un pacto de impunidad y supervivencia mutua, la mayoría parlamentaria fujimorista protege a Chávarry y éste destituye a los fiscales que investigan y han puesto en serios problemas a Keiko Fujimori.
La destitución de los fiscales Vela y Pérez se da cuando está pendiente de resolverse la apelación de Keiko para que se le levante la detención preventiva por tres años que se dictó en su contra el pasado 31 de octubre por cargos de lavado de activos en relación con el financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral. Ambos fiscales venían denunciando desde hace un tiempo que el fiscal general hostilizaba su trabajo de investigación en los casos de Keiko y García, y que jugaba a favor de los procesados. Hace unos días, Pérez lo denunció ante la propia fiscalía por encubrimiento en el caso de Keiko.
“Me siente indignado. Rechazo esta medida irregular del fiscal de la Nación. Ha habido una afectación a la lucha contra la corrupción. Se están favoreciendo intereses para buscar impunidad”, señaló el fiscal Pérez la noche del último día del año, en las puertas de su ahora ex oficina, a la que fue luego de enterarse por los medios de comunicación de su destitución, para, según señaló, asegurar “información sensible” de los casos que tenía para que ésta no se pierda. Mientras Pérez pasaba el Año Nuevo asegurando documentos, en la puerta del edificio de la fiscalía manifestantes gritaban consignas de respaldo a los fiscales destituidos.
Dos de los cinco fiscales supremos, Pedro Sánchez, antecesor de Chávarry en el cargo de fiscal general, y Zoraida Avalos, emitieron un comunicado señalando sentir “vergüenza e indignación” por la decisión tomada por Chávarry, la cual, indicaron, “beneficia a la impunidad” y constituye “un golpe mortal a la lucha contra la corrupción y la institucionalidad”.
Por: Carlos Noriega
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