El pasado 27 de marzo tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II Congreso de Compliance en el Sector Público de la capital. El evento, organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM) – con el patrocinio de Wolters Kluwer y Bureau Van Dijk - reunió a más de 100 profesionales del sector, recordando el éxito de la edición pasada. En esta ocasión, se puso el foco en la contratación pública y en la necesidad de contar con procesos éticos y de transparencia que ayuden a instaurar la confianza de los ciudadanos en el sector. 

La directora del congreso y experta en integridad y ética pública, Concepción Campos Acuña, fue la encargada de moderar el primer panel, donde se puso el foco en la contratación pública, el sector “más propenso a la corrupción”, según la experta. En este panel, el Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Nuñez, se mostró muy crítico con la respuesta de la administración pública en esta materia pues asegura que “el Estado se ha eximido a sí mismo de responder” y, aunque quisiese hacerlo, “nunca conlleva las mismas sanciones que se imponen a la empresa privada”.

En la misma línea, el Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Enrique Benítez Palma, criticó la falta de rendición de cuentas y señaló la necesidad de “contar con personal cualificado y formado en los departamentos de contratación, en especial de los pequeños municipios”, para minimizar los riesgos en el sector. La Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Goizeder Manotas, hizo hincapié en la importancia de poner en práctica un “sistema de integridad, no solo un código” que incluya los principios de eficiencia del gasto público, igualdad de trato, reconocimiento mútuo y transparencia. 

Los tres ponentes y la moderadora coincidieron en destacar la integridad, la ética y la gestión de riesgos como necesidades imperiales en la contratación pública, estableciendo así los que fueron los temas más recurrentes del congreso y mostrando la preocupación de este sector por la mejora de los procesos de control.

Prevención de la corrupción y banderas rojas 

En materia de corrupción, fueron varios los ponentes que indicaron la necesidad de enfocar las acciones en la prevención. José Maria Gimeno Feliu, Director del Observatorio de Contratación Pública, aseguró que existen “problemas de regulación” serios en nuestro modelo y que son necesarias las banderas rojas como indicador de dónde están los posibles riesgos. “En nuestro sistema normativo y en la planificación” tenemos banderas rojas aseguró, “y la organización administrativa que tenemos no es la mejor para la contratación”, pues “ni con la mejor ley de contratos funcionaríamos ahora mismo”. 

La Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María José Santiago Fernández, indicó la “personalidad independiente y la independencia económica y financiera” como elementos imprescindibles para la prevención de la corrupción y aprovechó para señalar una de las problemáticas más destacables en materia de contratación, la profesionalización del sector. Coincidiendo con otros ponentes, aseguró que es necesario no solo formar a los funcionarios, sino también motivarlos para que tengan “vocación de servicio público”. “Los buenos se van fuera”, consideró, “porque no les interesa lo que cobran aquí y los que están aquí no están motivados”. Para Santiago Fernández es tan importante la regulación y prevención como la inversión en profesionalización y motivación del personal implicado en estas tareas.

Rol del compliance officer en el sector público 

Compliance y contratación forman un tándem indisoluble, pero el nuevo rol del compliance officer en el sector público todavía genera dudas. Para la Letrada de la Xunta de Galicia, Patricia Iglesias Rey, la complicación de esta figura está en su independencia, ya que “la mayor parte de modelos que se han implementado están insertos en el organigrama administrativo”. La solución que propone es que como mínimo se cumplan dos vertientes de la independencia, la composición multidisciplinar en un órgano colegiado y el consciente nombramiento y remoción de los encargados de cumplir esta función.

El compliance officer ideal, señalaron los ponentes, debería ser alguien independiente, con objetividad y que cuente con sus propios medios personales y técnicos, como las agencias antifraude. Para el profesor de Derecho Procesal de la UCLM Jordi Gimeno Beviá, deberíamos mirar hacia el modelo italiano, que ha conseguido disminuir la percepción de la corrupción de un 73º puesto a un 52º, gracias a la elección de un sistema de cumplimiento de primer nivel que conoce la administración y que, aún siendo interno, que reporte no solo ante el órgano de administración sino también ante un organismo independiente de valoración. 

Conflictos de intereses 

Los conflictos de intereses son la actuación contraria a una gestión ética, ya que anteponen los intereses particulares al bien común y, por tanto, suponen un gran problema en el sector público. Para el experto en ética aplicada David Lentisco, una de las primeras medidas que se deben tomar para evitarlo es la aplicación de la ética en todos los procedimientos. “La gestión ética no puede ser otra cosa que la actuación del gestor presidida por la observancia de imperativos éticos”, aseguró, “y cuanto más desdibujados estén dichos imperativos, menos ética será en sí es la gestión”.

La objetividad en la licitación, la responsabilidad y la implementación de sistemas de cumplimiento son medidas procedimentales que deberían llevarse a cabo para evitar los conflictos de intereses, así como la adjudicación de los contratos en base a la pluralidad de objetivos y no solo del precio.

Blockchain y nuevas tecnologías

En el último panel del congreso, los ponentes señalaron las nuevas tecnologías como herramienta imprescindible para facilitar los procesos y trámites y dotarlos de trasparencia, a través de la automatización. El blockchain, una tecnología que permite el registro de la información con altos niveles de seguridad, promete convertirse en la clave para, por ejemplo, la presentación de ofertas de contratación.

En el Gobierno de Aragón, a falta de un mes para la puesta en marcha, ya están instaurando un sistema de licitación electrónica con esta tecnología, según su Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, Miguel Ángel Bernal Blay. Esta tecnología, combinada con un sistema de evaluación automatizada de las ofertas, supone un gran avance en la transparencia y la seguridad.

Para la Directora de ADEIT, Beatriz Montes Sebastián, “todavía queda mucho para hacer” en esta materia, “siendo necesario un mayor impulso de los poderes públicos en los aspectos relacionados con las tecnologías de la información”. “Es necesario implantar de forma obligatoria la contratación electrónica en todo el proceso”, consideró, “e instaurar herramientas que sean fáciles de entender, intuitivas y que supongan una solución integral”. 

Entrega de premios

Durante el evento, se hizo entrega de los I Premios Integridad en la Gestión Pública, en el margen del II Congreso de Compliance en el Sector Público, con el fin de poner en valor la integridad y dar visibilidad a la incitativas en materia de compliance en el ámbito de la gestión pública.

El Síndico de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, fue el ganador en la categoría individual, como empleado público destacado en su labor de promoción de la integridad. El jurado destacó “el significado e impacto de su iniciativa en la promoción de lazos de comunicación entre órganos de fiscalización externo”. También alabó su “sobresaliente” trayectoria profesional, asegurando que ha generado “una auténtica escuela”.

El Director del Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Carlos Balmisa García-Serrano, fue merecedor de un accésit en la misma categoría, gracias a su “brillante trayectoria marcada por la incesante búsqueda de la innovación en la tarea de modernizar las AAPP con las mejores herramientas, no solo normativas sino, sobre todo, de cumplimiento efectivo dentro de los mejores estándares voluntarios”.

En la categoría institucional, fue la iniciativa Task Force de Auditoría y Ética de EUROSAI la vencedora. Esta consolidada iniciativa ha generado y está generando un gran impacto en la promoción de la ética y la integridad en la gestión pública. Los miembros del jurado también valoraron el enfoque pedagógico y de cooperación, así como “los esfuerzos continuos del grupo de trabajo por promocionar la cooperación interinstitucional e interprofesional en el ámbito geográfico en el que opera en Europa”. La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, fue la encargada de entregar el premio a la representante de la entidad, Helena Abreu.

Destacando el nivel de todas las candidaturas institucionales, el jurado decidió otorgar un accésit a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, por “promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los Gobiernos Locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos”. Concepción Campos, miembro de la FEMP y directora del congreso, recogió el premio en nombre de la entidad.

Con el éxito de esta edición el II Congreso de Compliance en el Sector Público se convierte en un escenario de referencia para conocer las herramientas con las que deben contar Administraciones, Empresas y Entes Públicos que cotidianamente se encuentran embebidas en un convulso escenario normativo en materia económico-presupuestaria, de contratación pública, gestión de personal, subvenciones, etc. y precisan contar con instrumentos eficientes de compliance para anticiparse y gestionar los riesgos.

El evento, que promete una tercera edición, contó con la colaboración de la Fundación FIASEP, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Entidades Locales por la Transparencia de la FEMP, el Consejo General de Economistas (REA Auditores), Intedya, la Asociación Española de Mediación (ASEMED) y UNIR.