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Las cifras de la corrupción: el soborno es el delito que más se comete

Transparency International España pide un plan para reducir y prevenir los delitos contra la Administración

Sobornos, malversaciones y prevaricaciones. Estos son los tres delitos de corrupción que más se persiguieron en España durante 2018. Así consta en el apartado de la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que recoge las actuaciones de la sección especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Solo en 2018, la Fiscalía Anticorrupción intervino en más procedimientos judiciales que en 2017, pues participó en un total de 678 procesos, frente a los 609 del año anterior y los 524 de 2016.

Tras conocerse este datos, Transparency International España ha considerado que se estudie más a fondo la relación entre estas cifras y la percepción de la corrupción que existe en España. En un comunicado, la organización ha razonado que si bien en 2018 la posición del país en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International mejoró levemente en comparación con 2017, este fenómeno aún sigue siendo un reto.

En concreto, España ocupa el puesto 58 sobre 100 en este índice, que no mide la percepción ciudadana, sino que analiza los resultados de 13 encuestas en las que participan expertos. Además, de acuerdo con el barómetro de julio de 2019 del Centro de Investigaciones Sociales, la corrupción sigue siendo considerada uno de los tres principales temas que preocupan a los ciudadanos españoles.

Además, la organización ha recordado la importancia de diseñar e implementar un plan holístico para reducir y prevenir la corrupción, en el que se considere la respuesta y reacción a través de las actuaciones del sistema de justicia, la detección y las actividades de formación e información para promover la cultura de la integridad y el cumplimiento.

Los delitos por los que se formuló acusación con más frecuencia y más crecen son el cohecho o soborno (75), la malversación (32), y las prevaricaciones (25). Le siguen los delitos tributarios y el contrabando (25), fraudes contra la Administración (24) y el blanqueo de capitales (18).

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción de València presentó varios escritos por delitos de cohecho en ese ejercicio, entre los que destaca la causa dirigida contra el exvicealcalde de València, Alfonso Grau. La Audiencia acabó condenando a Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo de un contratista y revenderlos para blanquear. No obstante, la sentencia no es firme y las defensas la han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

El análisis de la Fiscalía Anticorrupción señala, sin embargo, que el incremento no representa un aumento real de la delincuencia en los ámbitos de la corrupción y la criminalidad organizada, sino que es consecuencia de la separación de determinados procesos penales ya existentes en piezas separadas, como ha ocurrido en casos como la Gürtel valenciana o Taula, para así facilitar su tramitación.

En cuanto a los procesos penales nuevos, la Fiscalía Anticorrupción incoó 89 procedimientos durante 2018. De ese total, 55 provienen de la separación de causas penales ya existentes. Por tanto, la cifra real de nuevos procedimientos asciende a 34.

El ministerio pública incluye un apartado en su memoria en el que destaca las investigaciones relacionadas con la Comunitat Valenciana en las que participa. Entre ellas destaca la pieza separada del caso Brugal por la que figuran como acusados dos exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP. La instrucción ha concluido y se está a la espera de que la Audiencia de Alicante señale la fecha del juicio, que podría celebrarse a finales del año 2020.

Además, en la provincia de València, destacan las diligencias derivadas de la Operación Taula. En concreto, la causa se dirige contra el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus; el exgerente de la empresa pública de Imelsa, Marcos Benavent; así como contra varios funcionarios de la empresa pública y cargos directivos de la Diputación.

Esta causa se dirige también contra medio centenar de cargos del PP del Ayuntamiento de València y responsables de empresas adjudicatarias. El volumen de la investigación y la diversidad de hechos e investigados determinó la formación de piezas separadas.

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