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Aprobada la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) finalmente aprobó ayer la Directiva sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Luxemburgo.

La mencionada Directiva garantizará un alto nivel de protección de los denunciantes –conocidos en toda Europa por su palabra inglesa «whistleblowers»– estableciendo canales seguros para denunciar tanto dentro de las empresas y entidades públicas como a las autoridades, estableciendo normas a escala de la UE.

También protegerá a los denunciantes contra represalias como el despido, el descenso de categoría y otras formas de castigo y exigirá a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y proporcionen formación a las autoridades públicas sobre cómo tratar a los denunciantes de corrupción. Es importante tener en cuenta que la protección se extiende a los que ayuden a los denunciantes, como facilitadores y familiares. 

De acuerdo con la nueva Directiva, los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.

La nueva Directiva tiene que ser, ahora, suscrita por los 28 países de un modo formal. Después será publicada en el diario oficial de la Unión Europea. Una vez que ocurra eso, entrará en vigor veinte días después de su publicación. A partir de ese momento, los estados miembros dispondrán de dos años para trasponerla y convertirla en ley nacional.

Un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, estimó que la falta de protección de los “whistleblowers” solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros. En la actualidad, sólo diez países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen una protección jurídica completa. En los demás países, la protección es sólo parcial o se aplica a sectores o categorías de empleados específicos.

La UE comenzó a moverse hacia la promulgación de esta Directiva a raíz de la denuncia de irregularidades tras el escándalo Luxleaks de 2014, en el que un ex empleado de PricewaterhouseCoopers fue condenado en Luxemburgo por filtrar una gran cantidad de documentos que revelaban exenciones fiscales para empresas multinacionales.

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