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La Audiencia imputa a FCC por corrupción y blanqueo por pagar 82 millones en comisiones en Panamá

Anticorrupción afirma que la constructora española logró ilegalmente las adjudicaciones de dos líneas de metro y un hospital. FCC ha reconocido los pagos en Suiza

La Audiencia Nacional ha imputado a la constructora española FCC por pagar 82 millones de euros en comisiones para obtener adjudicaciones en Panamá. El juez Ismael Moreno atribuye a la compañía los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Los sobornos pagados en Suiza habrían servido para hacerse con la construcción de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Ciudad de Panamá. Entre los receptores de las comisiones estaría un testaferro del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017, a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015 . Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputa a las mercantiles FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias. Las tres mercantiles disponen de cinco días para designar un representante, abogado y procurador para defenderse en la Audiencia. Según el Ministerio Público, estas tres empresas constituyeron un consorcio liderado por la multinacional brasileña Odebrecht para participar en el concurso de obras en Panamá. Oderbrecht ha dado nombre al mayor caso de corrupción en Sudamérica y ha salpicado a empresas y cargos políticos de diversos países.

Según Anticorrupción, la investigación ha revelado que altos directivos de FCC y personal de Odebrecht diseñaron un esquema de corrupción repetido que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Así se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. La Audiencia informa de que estas personas ya han declarado en el juzgado como imputadas.

El pasado mes de enero, el juzgado Central de Instrucción número 2 recibió las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

En mayo y junio, cuando la investigación en España ya estaba muy avanzada, FCC presentó dos denuncias ante Anticorrupción por los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. Aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado por un importe total de 82.768.849 euros. Esos pagos, realizados entre 2010 y 2014, correspondían a servicios no prestados, según la compañía, y daban cobertura a pagos por presunta corrupción.

El juez Moreno explica que la denuncia de FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos -ya cesados- de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Los ex directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

Además de la responsabilidad penal que pueda corresponder a los directivos, el juez argumenta que la misma debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa.

Estas personas que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO [área de construcción de la compañía] , con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva. Todo ello revela que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional.

Según se recoge en el auto dictado este miércoles, la responsable de la Asesoría Jurídica de FCC CO afirmó en su comparecencia ante Fiscalía el pasado mes de julio que los documentos que adjuntaba a la denuncia habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricío Cort como testaferro de Martinelli, ex presidente de Panamá, para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá en el ámbito de su negocio de obras públicas.

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