Iberdrola ha dado una nueva vuelta de tuerca en su afán de intentar llegar hasta las últimas consecuencias en relación con las facturas pagadas al comisario José Manuel Villarejo. Según han confirmado varias fuentes, la eléctrica ha requisado los ordenadores y los teléfonos móviles de los directivos del área de Seguridad y de la división de Cumplimiento para investigar todos los posibles documentos confidenciales que estos ejecutivos pudieran tener en sus dispositivos y que comprometieran la responsabilidad penal de la compañía.
Según las mismas fuentes, Iberdrola, que está siendo asesorada por PwC y por Garrigues en este proceso, reclamó este martes a Franciersco Blázquez, director de Seguridad de España, y a Enrique Victorero, jefe de Internacional de este departamento, los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles y cualquier dispositivo concedido por la empresa para proceder a una investigación interna de los mismos o forensic tecnológico. La tercera persona que conforma el staff de esta área es Rosa Kariger, responsable de ciberseguridad.
La eléctrica asegura que esta es la indemnización que le corresponde pese a ser despedido, mientras que el ejecutivo reclama una cantidad que duplica esa compensación
Blázquez y Victorero son las dos personas que estaban a las órdenes de Antonio Asenjo, el director de Seguridad que fue despedido el pasado 9 de octubre tras la publicación por parte de El Confidencial de las primeras grabaciones con Villarejo, en las que se ponía de manifiesto la posible comisión de varios delitos. Asenjo, que sigue en nómina de la empresa, mantenía una relación diaria con estos directivos, por lo que la compañía quiere saber si también eran conocedores de la relación con el comisario de policía y de las potenciales actividades irregulares.
Además, los responsables de la investigación interna han tomado medidas similares con la secretaria personal del propio Asenjo y con varias personas más encargadas de procesar las facturas del área de Seguridad para intentar descubrir si los pagos a Villarejo, a otros policías y a detectives se hicieron con empresas interpuestas en un principio no vinculadas a estas personas y que cobraban los servicios para posteriormente darle el dinero a Cenyt, la sociedad mercantil del comisario. Según distintas fuentes, Iberdrola ya tiene identificadas algunas de estas compañías vinculadas al sector de la seguridad que presuntamente están compinchadas con la trama.
Estas medidas han generado un gran nerviosismo en Iberdrola, que este miércoles conoció la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, de citar como imputado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en relación con los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Según fuentes jurídicas, la citación estaba prevista para la próxima semana, pero se ha suspendido, dado que Asenjo ha sido recientemente sometido a una intervención quirúrgica de corazón, que le mantiene de baja médica a efectos laborales y desaconseja su presencia en el juzgado, por lo que aún no se ha fijado fecha. Sí han sido convocados para la próxima semana el propio Villarejo y su socio en la mercantil Cenyt, Rafael Redondo, más conocido como el Gordo. Están citados como investigados por los mismos contratos con Iberdrola, de acuerdo a las fuentes consultadas.
En la cúpula de Iberdrola, se temen la comparecencia de Villarejo y, sobre todo, la de Asenjo, que ha rechazado los 1,6 millones de euros de indemnización que le han ofrecido como finiquito para terminar su relación contractual. Sin embargo, el aún formalmente jefe de Seguridad, que se reunió a los pocos días de su despido con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en su propio domicilio, ha comunicado a personas allegadas que está dispuesto a contarle al juez cómo se llevó a cabo la contratación del comisario, cómo se le pagaba y qué personas en la escala de mando estaban informadas de esta relación.
Otras fuentes indican que Iberdrola también podría extender la investigación a otros departamentos de la compañía, como el de la secretaría general, que estaba dirigida por Julián Martínez Simancas, exdirector de Servicios Jurídicos y secretario general del consejo de administración. Simancas, un letrado de gran prestigio y mano derecha de Galán, ha asegurado internamente que desconocía totalmente esta vinculación con esta presunta trama fraudulenta.
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