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Tres causas judiciales diferentes ponen el foco en el control interno de BBVA

El caso Villarejo cuestiona los procedimientos de compliance del banco, que despidió a su último responsable, Eduardo Arbizu. Otros dos procesos también hacen hincapié en ello

BBVA presenta este viernes sus resultados anuales, empañados por el deterioro contable de 1.350 millones en Estados Unidos, aunque el foco sigue en el caso Villarejo. La pieza 9 del caso Tándem que investiga la Audiencia Nacional se centra en los servicios prestados por el comisario Villarejo al banco que presidía entonces Francisco González. Pero no es el único caso que evalúa, de forma directa o indirecta, el control interno o compliance de la entidad.

Los otros dos casos están relacionados con unas inversiones realizadas en banca privada por un exempleado, en nombre de tres clientes de alto patrimonio, que el banco consideró indebidas y deshizo con pérdidas de más de 50 millones, justo antes de que se disparara la volatilidad, lo que hubiera generado ganancias importantes. El banco asumió el agujero, restituyó la cantidad, interpuso una querella por tres posibles delitos contra el banquero y acabó despidiendo a tres superiores, pese a reconocer que no participaron ni tuvieron constancia de la mala praxis en que considera que incurrió el trabajador.

De este caso se derivan dos procesos judiciales que, obviamente, no tienen nada que ver con el caso Villarejo. Pero hay un nexo común, ya que cuestionan el compliance de la unidad de altos patrimonios, que depende de BBVA. Fuentes del banco señalan que no falló el compliance sino que fue un tema puntual y que en cuanto se tuvo conocimiento, se actuó sin perjuicio de los clientes. Otras fuentes jurídicas señalan que el foco debería ponerse en el control de gestión y no el control interno. La derivada de poner el foco en el control interno es compartida con la causa tándem en la Audiencia Nacional, que también deja dudas sobre la política de control interno, teniendo en cuenta que hubo contratos al más alto nivel con Cenyt, la empresa de Villarejo.

Causa en la Audiencia Nacional

Villarejo tuvo acceso entre 2004 y 2005 a más de 15.000 llamadas de empresarios y políticos, como Miguel Sebastián, Rodrigo Rato, Luis del Rivero o Juan Abelló, dentro del mandato de BBVA para frenar el intento de tomar el control por parte de Sacyr. La entidad también pagó a Villarejo para investigar a grandes morosos de la crisis y a Ausbanc, y para auditar el riesgo de un crucero privado de Francisco González por Turquía en 2016, y todavía ese año hubo espionaje del registro de llamadas de periodistas económicos. La Audiencia Nacional también investiga si hubo trabajos relacionados con la Operación Chamartín.

Tanto BBVA, como persona jurídica, como Francisco González, que tuvo que renunciar a la presidencia de honor tras dejar el mando del banco en 2018, están imputados. El juez Manuel García Castellón también ha citado como investigados por cohecho activo y descubrimiento de secretos a Ángel Cano, ex consejero delegado, Julio Corrochano, exjefe de Seguridad, y una decena de ejecutivos.

Entre ellos está Eduardo Arbizu, que entre 2003 y 2007 era director de Servicios Jurídicos y en 2011 asumió la responsabilidad sobre compliance hasta mediados de julio, ya que una de las primeras decisiones de BBVA, ya bajo la presidencia de Carlos Torres, fue despedirle.

Investigaciones internas

La entidad también llevó a cabo una investigación interna (forensic) que encargó a Uría Menéndez, PwC y Garrigues. A menor escala, también llevó a cabo un análisis de situación en 2018 para evaluar qué falló para que un trabajador pudiera llevar a cabo inversiones de más de 50 millones que consideró indebidas y que dejó las cuentas de tres clientes en descubierto. Es decir, fueron operaciones apalancadas sobre su patrimonio.

El empleado, J., de la unidad de altos patrimonios de Madrid, con clientes con más de dos millones de euros para invertir, realizó una apuesta en nombre de los tres clientes de que aumentaría la volatilidad, que en el inicio de 2018 estaba en mínimos. Así, compró un ETF ligado al VIX. El descubierto provocó que se enterara un empleado de la oficina en que está uno de los clientes, que lo notificó a la unidad, cuando en ese momento el banquero estaba de baja por accidente, según fuentes conocedoras.

El propio trabajador dejó su puesto, y el banco, además de dos de los tres clientes afectados, interpuso una querella por posibles delitos de falsedad en documentación mercantil, administración desleal y fraude, y le pide más de 50 millones, según ha podido saber este medio. La investigación interna de BBVA se prolongó durante seis meses y, en junio, decidió despedir a tres superiores, pese a que reconoció entonces a este medio que no tuvieron participación ni conocimiento de los hechos. Ellos interpusieron una demanda por despido improcedente en un juzgado de lo social.

Las dos causas están pendientes de juicio, aunque podrían demorarse. Y en las dos se pone el foco sobre un posible déficit de compliance. El querellado, que compareció por primera vez ante la jueza en verano, defiende falta de compliance y precariedad de normas internas y de operativa técnica, según fuentes jurídicas. Por ello, pudo realizar operaciones contra los procedimientos internos sin que saltara ninguna alarma.

Los despedidos argumentan que el problema es que no había las herramientas necesarias de control interno para evitar estas situaciones. El compliance de la unidad, que procede del antiguo banco Privanza, depende del grupo.

BBVA no facilita datos sobre el patrimonio en esta unidad. En el conjunto de banca privada, gestiona más de 70.000 millones de euros bajo la dirección de Jorge Gordo, quien ha sido llamado a declarar por la defensa del trabajador querellado junto a responsables de auditoría interna para explicar el funcionamiento del compliance y si es posible que un trabajador realice este tipo de operaciones sin conocimiento de nadie en el banco.

La entidad que preside Carlos Torres asegura en la querella que el extrabajador engañó a los clientes al ocultar esta inversión por realizarla sin sus firmas —no eran contratos de gestión de carteras—, que las posiciones estaban en descubierto y que el ETF era un producto complejo.

La defensa, según fuentes conocedoras, apunta, además de al compliance, que no es un producto complejo, que BBVA no devolvió las comisiones cobradas por los descubiertos y que es imposible que nadie en la entidad conociera la operativa. Asimismo, denuncia que el banco entregó tarde los requerimientos, obligando a la defensa a estudiarse 3.000 folios en una semana de cara a una vista de testigos celebrada esta semana.

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