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El equilibrio entre expansión empresarial y mayor presión de cumplimiento marca el camino de los Compliance Officers

Así lo indica el informe elaborado por Hogan Lovells titulado ‘Steering the Course II’, (Dirigiendo el curso II) que reúne las respuestas de 700 “Compliance Officers” de empresas multinacionales sobre los aspectos del cumplimiento de las normas anticorrupción.

En esta edición (la anterior fue en 2016) se han recopilado encuestas a responsables de cumplimiento normativo que trabajan en empresas multinacionales con al menos 2.000 empleados para conocer su situación y cómo afrontan su papel dentro de cada entidad.

Éstas personas llevan en su cargo al menos un año y proceden de las siguientes jurisdicciones: Reino Unido (100), Estados Unidos (150), Francia (100), Alemania (100), España (100) y Asia (150 entrevistas entre China, Singapur y Japón).

La tecnología como aliado para lograr controles de cumplimiento eficientes y adecuados

Según Ignacio Sánchez, socio responsable del área de Investigaciones Internas, Compliance y Penal Económico en la oficina de Madrid, “en los últimos años, la tecnología está desempeñando un papel mucho más protagonista en los programas de compliance y es un aliado para los responsable de cumplimiento”.

De hecho a día de hoy nadie entiende diseñar un programa de cumplimiento y sus controles, o el propio canal de denuncia, sin el uso de la tecnología que pueda ayudar a gestionar dichos riesgos de cualquier organización.

Reconoce que gracias la tecnología se logran controles eficientes y adecuados. “Su ayuda a la trazabilidad de cualquier actividad es evidente”, aclara. 

También las organizaciones y organismos reguladores han llegado a esta conclusión. Aprovechar al máximo el poder de estas nuevas tecnologías solo trae beneficios, ayuda a revisar riesgos de cumplimiento y da lugar a resolver preocupaciones comunes al centralizar la información en un lugar seguro.

El informe revela que, en un contexto de lento crecimiento mundial, los líderes empresariales se esfuerzan por equilibrar la búsqueda de la expansión empresarial con una mayor presión de cumplimiento. “En muchos casos se nos percibe como la policía interna de la empresa pero hay que hacer las cosas bien porque los costes de ciertas conductas son importantes”, aclara este experto.

En el citado informe se señala que más de dos tercios (68%) de los “Compliance Officers” creen que la presión regulatoria está aumentando, y más de la mitad (52%) afirma que aunque las demandas de cumplimiento contra el soborno y la corrupción son cada vez mayores, su organización está recortando los presupuestos generales.

“Las actividades de soborno y corrupción son dinámicas y se desarrollan con rapidez, por lo que es fundamental estar constantemente informados de los riesgos que pueden presentar las nuevas tecnologías”, afirma Crispín Rapinet, responsable mundial de Investigaciones Internas en Hogan Lovells.

No obstante, el 52% afirma que muchas empresas y organizaciones todavía no siguen los procedimientos de cumplimiento ni cuentan con un protocolo de actuación.

“A pesar de los desafíos que ello supone, las empresas deben dar prioridad a la lucha contra el soborno y la corrupción o se enfrentarán a riesgos importantes”, sostiene Rapinet.

“La adopción de cualquier nueva tecnología merece una oportunidad para asegurar el cumplimiento dentro de cualquier organización”.

Situación en España

En el caso de España, los profesionales consultados por este informe aluden a la reforma del Código Penal del 2015 y lo que supuso en su momento de institucionalizar dicha actividad de cumplimiento normativo.

Según Ignacio Sánchez, se produjo un cambio importante en nuestra sociedad y en nuestras empresas. “A lo largo de estos años hemos visto como los administradores de empresas creen más en ello y no lo ven como carga adicional”, afirma.

Sin embargo,  está claro que hay muchas dificultades para mantener ese modelo de compliance cuando nuestras empresas se enfrentan a mercados exteriores.

Algunos mercados ofrecen dificultades, como Latinoamérica, donde hay empresas que han dejado de acudir porque desde que llegan les piden sobornos para poner en marcha proyectos allí.

La gran diferencia en materia de cumplimiento normativo de nuestras empresas, frente a modelos ya establecidos y asumidos culturalmente como EEUU y Alemania radica según este jurista en que “en España la citada reforma penal ha ayudado a reconocer la situación  y la necesidad de controles preventivos. También ciertas sentencias han generado conciencia dentro de las compañías”.

En el caso español, cada vez es más frecuente que el papel del delegado de Protección de Datos (dPO) y “Compliance Officer” coincidan en un departamento.

Dependiendo de la empresa y el sector en el que opere, algunas están optando por crear un área de cumplimiento colegiado donde hay especialistas en distintas materias.

“Es un paso importante que se ha dado y asumible en algunas compañías”, argumenta Sánchez.

El Compliance ha venido para quedarse

Sobre la lucha contra el soborno y la corrupción no hay recetas mágicas ni generales, sino que se trata de una confluencia de factores que influyen en el conflicto y la presión de generar negocio.

Para Sánchez “las empresas deben tener claro de cómo quieren hacer negocio. Se ha demostrado que el que hace negocios mediante corrupción o malas prácticas, al final recibe un castigo por ese comportamiento irregularidad porque las autoridades españolas y extranjeras son implacables”.

Por eso el cumplimiento normativo como autorregulación para establecer normas y sanciones y perseguir a aquellos que cometan irregularidades es la clave.

Y es que las políticas de cumplimiento han llegado para quedarse.

Por ejemplo, en España el Código Penal ya incluye la llamada corrupción en al ámbito privado, lo que permite que se pueda hablar de diferentes situaciones en este entorno que ahora pueden ser objeto de infracción.

El siguiente hito importante en la lucha contra la corrupción a nivel público y privado es la futura trasposición de la Directiva de Protección al Denunciante.

“Esta directiva es una realidad que ya está aquí y esperemos que se implemente de forma adecuada. Sin embargo la situación ya ha cambiado bastante. Hoy más muchas más denuncias que hace tres años”.

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