Gobernanza Institucional

Autor: Tania De León, Especialista en Derecho Público y Compliance 

La adopción del Compliance en la Administración Pública Dominicana supone como primer paso de implementación la configuración de directrices de gobernanza institucional (DGI). La gobernanza institucional implica la pensada y deliberada definición de un conjunto de principios, estándares y prácticas de buen gobierno que coloquen al ciudadano en el centro de su gestión, donde el ingrediente principal es el compromiso de la máxima autoridad de dirigir acorde a la razón de ser de su organización, cumpliendo así su fin social. En una organización que gestiona sus recursos en virtud de adecuadas directrices de gobernanza, los recursos públicos han de ser administrados conforme a la satisfacción del interés general.  Para prevenir la configuración de directrices de gobernanza alejadas del interés general, éstas deben cimentarse en: 1) la misión, visión y valores institucionales; 2) el marco legal que fundamenta su existencia y 3) responder a principios de la filosofía organizacional de cara a los objetivos estratégicos de la misma. 

 

Con ella se persigue alinear la organización para lograr los resultados esperados tanto en su dimensión estratégica como en su dimensión operativa, posibilitando la aplicación de políticas que resulten efectivas que contemplen el modelo de gestión a adoptar  para el seguimiento al cumplimiento de objetivos y evaluación del desempeño. La gobernanza conduce a las instituciones públicas a lograr un equilibrio entre los diferentes intereses que convergen en la gestión pública, enviando un mensaje de claridad respecto de las reglas de juego que define el alcance y límite de actuación para la concreción de los fines organizacionales por parte de sus distintos grupos de interés.

 

Dentro de los componentes fundamentales que toda directriz de gobernanza institucional debe contemplar, destacamos: 1) la participación social;  2) la gestión de grupos de interés; 3) el compliance; 4) la transparencia; 5) la responsabilidad social y 6) la ética. Sin desmeritar la relevancia de otros componentes clave como el alineamiento estratégico, la toma de decisión basada en evidencia, rendición de cuentas y la gestión de riesgos. Veamos qué valor atribuye cada uno de estos componentes a toda directriz de gobernanza en el marco del compliance, iniciando por la participación social. 

 

La ley Núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de República Dominicana establece en su artículo 15 sobre la Participación Social que “Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad”,este artículo supone un interés fundamental al momento de concebir gobernanza institucional, toda vez que no sólo acercamos nuestros planes y programas institucionales a las necesidades y expectativas de la sociedad, sino que además, le hacemos coorresponsable del uso de los recursos públicos, siempre que no nos apartemos de dichas expectativas y necesidades. 

 

La incorporación de la gobernanza como autorregulación y obligación de las instituciones públicas garantiza planes operativos y estratégicos legitimados por el ciudadano, que siendo parte de su construcción se apropiará de estos haciendo un seguimiento consciensudo de su cumplimiento y que en cierta medida le podrían hacer corresponsable de sus resultados. Los grupos de enfoque podrían ser mecanismos efectivos de participación social, así como encuestas focalizadas y abiertas sobre qué aspectos mejorar en torno a los servicios que se ofrece, expectativas u obstáculos de acceso a los servicios y derechos, entre otros. Recomendamos medios digitales y redes sociales para llamado y convocatoria. Siempre será bueno que el ciudadano vea las caras detrás de la gestión, como elemento de cercanía social hacia lo público en un ejercicio de participación social.

 

La gestión de grupos de interés o stakeholders está compuesta de todas las partes interesadas en el quehacer institucional ya que de alguna forma se ven directamente o indirectamente impactadas por la gestión organizacional. En este contexto, denotamos dos grupos claves,  el ciudadano como el principal grupo de interés de la Administración Pública, dado que su existencia obedece a la garantía de derechos de los mismos y los empleados como punta de lanza para el logro de los objetivos y artífices de la dinámica institucional, cuya gestión de su interés va desde conocer sus necesidades y expectativas para su desempeño laboral y necesidades de desarrollo profesional como los obstáculos o inconvenientes que puedan tener en su entorno.

 

Otras partes interesadas relevantes son los órganos reguladores, rectores, proveedores de servicios  y aliados estratégicos en sentido general. Este componente es fundamental para una buena gobernanza pública. Una forma de identificar si nos encontramos ante un grupo de interés, es determinar su capacidad de influencia en los demás grupos, anteponiendo el interés propio sobre los otros.

 

El compliance como componenente de gobernanza constituye una expresión clara del compromiso de cumplimiento del marco legal del cual es sujeto obligado cada institución. Y es que, una cultura de compliance para ser efectiva ha de ser concebida desde las cabezas de la organización y debe este estar incluido en las bases de la forma de gobierno de las instituciones públicas como refuerzo de institucionalidad, en el marco del consagrado Estado de derecho conforme a nuestra Constitución Dominicana y en virtud del principio de juridicidad como evolución del principio de legalidad definido en la Ley Núm. 107-13.

 

La transparencia como el intangible más valorado por el ciudadano en la gestión pública juega un papel importante en la gobernanza pública en la medida en que genera esa confianza en los distintos grupos de interés sobre el manejo de recursos y conductas de actuación respecto de los intereses comprometidos en la organización. La transparencia desde este enfoque no solo versa sobre aquellas obligaciones contenidas en la Ley Núm. 200-04 de Acceso a la Información Pública, sino de una hipertransparencia que busca ir más allá de los parámetros legales, informando a la mayor velocidad posible, en un lenguaje digerible para los interesados y con contenido agregue valor a la reputación institucional.

La responsabilidad social en el marco de la gobernanza persigue poner de relieve las estrategias para la sostenibilidad, en aspectos como la calidad de vida de los empleados procurando la garantía derechos humanos, la vinculación y compromiso con la comunidad y el cuidado del medio ambiente mediante la implementación de controles para disminución de la huella ecológica de sus operaciones, todo esto en el marco del cuarto eje de la Ley Núm. 1-12 de Estratégia Nacional de Desarrollo que procura una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible adaptada al cambio climático.

 

Como último componente, tenemos la ética institucional que tiene el rol estelar de conector entre todos los componentes antes mencionados  y por ello debe la organización desde sus directrices de gobernanza establecer los límites éticos de actuación de la organización como parte de su cultura organizacional, definiendo un adecuado sistema de consecuencias que conocido por los empleados permita disminuir riesgos de desviaciones de comportamiento que envíen un contra discurso a la sociedad y demás stakeholders. 

En el marco del deber de buena administración pública, como hemos visto, constituir directrices de gobernanza fortalece la institución en la medida en que fija esa estructura de regulación que limita el alcance de actuación de quienes administran recursos públicos, donde la discrecionalidad se ve controlada en la medida en que para la toma de decisiones los distintos grupos de interés juegan su papel moderador y donde el cumplimiento de las leyes forma parte del quehacer organizacional. Como espacio transformador, la gobernanza pública construye mecanismos de atención a los problemas y demandas de la sociedad, teniendo al ciudadano como centro, lo cual logramos  incorporando la participación y corresponsabilidad social como elementos que agregan legitimidad a la gestión pública.