La verificación de identidades amenaza la economía digital

La identidad es un atributo personal e inseparable de cada ser humano. Es imprescindible porque nos permite saber quiénes somos, y que los actos que realizamos con respecto a los demás generen confianza, o posibiliten control y responsabilidad en su caso. En el ámbito del Derecho, la identidad de quien realiza los actos permite que las relaciones jurídicas nazcan y que las personas físicas o jurídicas se conviertan en el centro de imputación de derechos y obligaciones. En definitiva, nuestros sistemas jurídico-políticos se basan en la identidad de los sujetos que los Estados han ido verificando mediante diversas formas documentales a lo largo del tiempo.

Internet nació sin preocuparse por fijar la identidad de quienes actúan en la red, y quizá sea una de las muchas razones por las cuales la disrupción digital se ha convertido en uno de los mayores cambios civilizatorios que ha vivido la Humanidad. En este nuevo contexto digital, verdad, anonimato y tecnología constituyen tres vectores sobre los que confluyen las problemáticas. El anonimato en la red forma parte, de hecho, de los principios centrales mismos de la configuración de internet.

En este nuevo contexto digital, verdad, anonimato y tecnología constituyen tres vectores sobre los que confluyen las problemáticas

No obstante, la verificación de la identidad de los sujetos en el contexto digital se ha convertido en una materia de crucial importancia. Por una parte, la verificación de la identidad es esencial para la seguridad nacional de los Estados, ya que permite atribuir y responder con eficacia a las amenazas. Por otra parte, la verificación de la identidad se está convirtiendo en una materia imprescindible para preservar el desarrollo y el crecimiento en los próximos años de la economía digital, especialmente en lo que se refiere al comercio y la prestación de servicios en la red. Según datos de Naciones Unidas, en 2021 el e-commerce supondrá ya el 15% del total del comercio minorista.

No obstante, estas brillantes perspectivas de crecimiento y transformación económica se ven amenazadas por el crecimiento también exponencial del fraude online en forma de estafas. Según estimaciones de McAfee, el coste mundial de los delitos que se cometieron en la red en 2018 alcanzó los 600.000 millones de dólares, es decir, el 0,8% del GDP mundial. Según Accenture, en el periodo 2019 a 2023 el valor en riesgo total global a causa de los ciberataques será de 5,2 billones de dólares en costes directos e indirectos. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se iniciaron 5.581 procedimientos judiciales de estafas online en sus más diversas manifestaciones, que supusieron el 61,5% del total de procedimientos incoados en 2018 por ciberdelitos, aumentando en un 50% respecto a 2017.

La aparición de conductas delictivas nuevas, imprevisibles hace unos años, y que, por tanto, carecían de regulación en nuestros ordenamientos jurídicos, dañan muy gravemente bienes jurídicos necesitados de protección y son difíciles de perseguir por la ubicuidad de la red y la diversidad de jurisdicciones nacionales.

La principal dificultad en la mayoría de los casos radica en la imposibilidad de verificar la identidad de los delincuentes que están detrás de esas estafas. Las pérdidas que generan estos delitos en la red son enormes e incluso se puede deducir que los datos que se publican no son los reales debido a la reticencia de las empresas a la hora de denunciar por el coste reputacional, y de los ciudadanos, cuando se trata de estafas de poca cuantía.

Por ello, la acreditación de la identidad se convierte en una cuestión crucial para poder preservar la confianza en el sistema. A este respeto, las soluciones a este grave problema deben proceder, por un lado, de la acción de los Estados para proteger los derechos de los ciudadanos. Es imprescindible una mayor eficacia en la persecución de estos delitos que solo se alcanzará cuando se incrementen los medios materiales y humanos asignados a esta función.

También es necesario reforzar los mecanismos de cooperación internacional en esta materia, y sobre todo el Estado debe exigir mediante regulación normativa una estandarización en cuanto a los sistemas de verificación de la identidad que utilizan las empresas que desarrollan su actividad en el contexto de la economía digital. El Reglamento eIDAS ha sentado las bases de la regulación de europea de la identificación digital, pero debe ser exigible normativamente que el primer paso para entablar cualquier relación de contenido económico o jurídico en el marco de los servicios de la sociedad de la información, sea asegurar la identidad de los sujetos que intervienen en ella mediante sistemas que cumplan estándares fijados por norma y que estén certificados.

Para ello, la tecnología, que en parte es la herramienta imprescindible que posibilita la proliferación del delito en la red, está llamada a jugar un papel decisivo a la hora de combatirlo. Los desarrollos basados en inteligencia artificial son decisivos para lograr un adecuado nivel de seguridad en la verificación de la identidad, una tarea en la que ya están involucrados centros de investigación, universidades o empresas, en algunos casos españolas como FoxId, que permiten cumplir con la obligación de tomar todas las medidas posibles para prevenir el fraude online, asegurando una verificación efectiva de la identidad real del que está al otro lado de la pantalla.

En definitiva, la verificación de la identidad es necesaria en todas aquellas acciones humanas que en sociedad puedan tener efectos jurídicos, y la veracidad de esa identificación tiene consecuencias económicas, jurídicas, sociales y políticas muy importantes. En definitiva, se trata de lograr que entre todos pongamos las cosas más difíciles a todos aquellos que utilizan la red para delinquir impunemente.

Autores: 

*Vicente Moret Millás, of counsel Andersen Tax & Legal. Letrado de las Cortes Generales.

*José Miguel Soriano Luceno, socio de Andersen Tax & Legal.