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09/09/2020

El Consultor Jurídico en la Gestión Pública Actual: De tramitador de Contratos a Gestor de Riesgos

Autor: Tania De León, Administrativista Especialista en Public Compliance

 

Tramitación de contratos, opiniones legales y atender demandas en los tribunales son los principales roles en los que tradicionalmente las áreas legales en las instituciones públicas y muchas empresas centran sus recursos, como he referido en otros artículos, se limitan a ejercer una gestión legal pasiva, donde lo que prima es la gestión contractual, resultando esta insuficiente para la protección institucional. 

 

El momento socioeconómico en el que nos encontramos, demanda al abogado directivo evolucionar. Demanda del Consultor Jurídico, estrategia. El abogado moderno debe saber que su valor en el mercado, ahora no solo se mide en qué tan eficaz es resolviendo problemas, sino en cómo los evita. Pasar de apagar fuegos a prevenirlos, de ahí que esta sea un área ideal para implementación de sistemas de Public Compliance.

 

Por supuesto, creemos que si evitamos problemas nuestro valor en el mercado e ingresos disminuirán porque generalmente buscamos a un abogado cuando tenemos problemas, pero en el mundo corporativo-institucional no buscamos quien nos saque de prisión, sino quien prevenga inhabilitaciones, incumplimientos y pérdidas financieras a través de la efectiva gestión legal, además este pensamiento no se corresponde con la naturaleza de esta labor, pues el Consultor Jurídico está de manera permanente y no es convocado cuando suscita un problema. 

 

En el año 2014 el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la Resolución Núm. 30-2014, a través de la cual se formalizan los modelos de las unidades jurídicas que son implementados en los órganos y entes públicos, modelo cuya estructura en nada responde a lo que estos tiempos demandan de las áreas legales y que por demás minimiza la proyección que la misma debe tener, por el papel de asesora en la toma de decisiones que está llamada a jugar. El modelo de estructura más utilizado se compone de un Director Jurídico con dos departamentos: Departamento de Litigios y Departamento de Elaboración de Documentos legales. En dicha resolución no figura la prevención, contingencia o gestión de riesgo legal en ningún espacio. 

 

En mi experiencia, la estructura ideal implicaría contar con un área de Análisis e Investigación Legal, un área de Gestión Contractual y un área de Cumplimiento en los cuales se incorporarían unidades temáticas en atención a la naturaleza de los requerimientos institucionales. Por supuesto, la adopción de esta visión desde el punto de vista orgánico en las instituciones centralizadas es de imposible realización sin la aprobación del Ministerio de Administración Pública bajo el mismo proceso de regulación del modelo vigente. Sin embargo, las instituciones descentralizadas tienen la oportunidad de redimensionar las estructuras vigentes a un modelo que responda de manera funcional y sea más acorde con los distintos frentes que supone esta gestión. 

 

Finalmente, no se trata de dar participación una vez se han tomado las decisiones, como suele suceder ante la ausencia de reconocimiento del rol preventivo que deben jugar estas áreas, se trata de lograr estar en la mesa de decisiones, identificando los espacios donde el contexto legal se exprese, como por ejemplo, la protección legal de proyectos desde su diseño, desde su planificación. 

 


 
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