Autor: Xavier Gil Pecharromán
Fuente: elEconomista.es
El magistrado de lo Penal de la Audiencia de Madrid, Eduardo de Urbano, ha publicado el libro 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo, un manual didáctico en el que analiza la jurisprudencia más destacada y reciente del Alto Tribunal. Incluye una selección de su Lupa sobre el Derecho Penal Económico, publicado en Iuris&Lex.
Editado por la Wolters Kluwer, el manual de Eduardo de Urbano es una joya para los estudiosos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Magistrado, doctor en Derecho y profesor universitario, excoordinador del Gabinete Técnico del TS (Sala de lo Penal), es un prolífico escritor, colaborador en Iuris&Lex, la revista jurídica de elEconomista, publicó durante años su Lupa sobre el Derecho Penal Económico, de donde este libro es una buena selección.
Se trata de una obra que se aparta de planteamientos teóricos pues se basa en el método del case law , analizando un centenar de sentencias de nuestro Tribunal Supremo dictadas en los últimos años sobre delitos tales como apropiaciones indebidas, blanqueo, delito fiscal, estafas, insolvencias punibles, etc. También incluyo un Estudio preliminar sobre el fenómeno de la delincuencia económica y unos índices súper prácticos para ir al caso o a la cuestión que interese.
Exacto. Ahora tenemos una delincuencia económica más sofisticada, que realizan autores preparados, con contactos y que saben moverse por los entresijos del mundo de hoy. Ha desaparecido el delincuente nato de Lombroso y ahora cometen estos delitos administradores de empresas, personas relacionadas con la construcción, profesionales del mundo financiero, y al tiempo concejales, alcaldes y funcionarios.
Por un lado, que se trata de una delincuencia con asuntos complejos, cuya instrucción dura demasiado pues las sentencias están plagadas de la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Y por otro, que este tipo de delincuencia no solo se refiere a asuntos de gran impacto mediático, como los ERE o la Gürtel, sino que la mayoría son casos de clase media que implican a empresarios, directivos, empleados, profesionales varios etc. a los que se imponen penas de prisión, multas, inhabilitaciones y muchas veces una responsabilidad civil elevada.
Vamos despacio, para que negarlo. El papel cero y el expediente digital siguen siendo la hoja de ruta, pero queda mucho para que sean una realidad. Un compañero, Joaquín Delgado, acaba de publicar un libro magnífico sobre esta temática se titula Judicial Tech. El proceso digital y la transformación tecnológica de la justicia en el que se estudia, precisamente, los problemas jurídicos de la aplicación de las tecnologías al proceso y de la transformación digital de la Justicia
Es un cambio revolucionario para el Derecho Penal. Todavía no hay muchos casos, pero la tendencia es al alza si bien el legislador , para paliar las consecuencias que esto puede acarrear, permite desactivar la responsabilidad penal de las empresas, a través de los programas de compliance, que se están convirtiendo en un área profesional de la máxima importancia para tratar de eliminar o atenuar la responsabilidad empresarial por delitos económicos.
He estado catorce años en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y avalo la casación penal actual que permite contar con jurisprudencia sobre más asuntos aunque tiene sus exigencias técnicas, en particular, que tengan interés casacional. Lo que sucede, es que la mejora de la Justicia, no pasa, en mi opinión, por cuestiones de maquillaje como el cambio del imputado por investigado o por cuestiones como poner a instruir los delitos a los fiscales que no tienen la independencia del juez de Instrucción. Creo que hay que invertir más en Justicia, formar mejor en gestión a los letrados de la Administración de Justicia, apostar por una Judicatura profesional y crear nuevos órganos judiciales para conseguir una Justicia de más calidad, más acertada y más rápida. Pero para eso, se necesitan dos cosas fundamentales: convocatorias anuales sostenidas de al menos 250 plazas y que el Poder político defienda la independencia del Poder Judicial si es que quiere contribuir, verdaderamente, a mantener un sistema democrático digno de su nombre.
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