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Compliance Político versus Compliance Ciudadano: Caso Peruano 2020

Segunda Parte

Compliance Político versus Compliance Ciudadano: Caso Peruano 2020

Segunda parte

Jorge Caycho Celle

Comité Compliance para Reputación Corporativa y Sostenibilidad

Presidente

Noviembre, 2020

Sistema político peruano

Antes: Entre los años 1979 y 1992, el Perú tuvo una democracia representativa con un Presidente y dos vicepresidentes, un Congreso Bicameral de 180 miembros (Senadores y Diputados), Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Sin embargo, la democracia también es presidencialista, en vista que el Presidente de la República asume la condición de Jefe de Estado y es elegido por sufragio popular directo (y no por el Congreso), además de ostentar mayores facultades que su Primer Ministro (este último elegido por el propio presidente).

Es importante recordar que la Cámara de Diputados podía interpelar, censurar o negar confianza a los ministros y las aprobaciones se realizaban por mayoría simple. Una facultad del Presidente de la República era la de disolver la Cámara de Diputados si esta censuraba o negaba la confianza a tres Consejos de Ministros.

Hoy: A partir de la constitución de 1993, el Perú tiene una democracia presidencialista, con un Presidente y dos vicepresidentes, un Congreso Unicameral de inicialmente 120 miembros e incrementada a 130 mediante distrito múltiple, Poder Judicial, un Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

Como se aprecia, se cuenta con presidentes más empoderados a la vez de ciudadanos con mayores posibilidades de búsqueda de protección de sus derechos.

Un sesgo de ambos sistemas es que, en la práctica, han sido lentos y de imperfecto funcionamiento, donde la politización de los poderes del Estado ha diezmado sus roles y cuestionado permanentemente su imparcialidad, como es el caso de Poder Judicial y el propio Congreso de la República que han perdido legitimidad a lo largo de los decenios.

Balance del Compliance Político y Ciudadano

A 17 meses de iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en julio 2016, los cuestionamientos y pruebas de presuntos actos de corrupción en su gestión pública previa durante el gobierno de Toledo  como Premier, Ministro de Economía y Presidente de PROINVERSION, además de beneficios de consultorías de su empresa individual a empresas beneficiarias de adjudicaciones con el Estado que tuvieron influencia suya, sumándose los videos en las cuales congresistas afines a sus intereses ofrecían a otros congresistas beneficios de su gestión presidencial a favor de las regiones a la cuales representaban; propiciaron la renuncia de PPK a la Presidencia de la República, un día antes de la sustentación en la que pudo explicar las diversas acusaciones, pero que no asistió por saberse de antemano las decisiones de la mayoría de bancadas en contra de su continuidad.

El resultado fue que Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República en su calidad de vicepresidente.

Un dato no menor es la gran aceptación popular de Vizcarra desde que enfrentó política e institucionalmente al Congreso elegido en julio2016, declarando una abierta “guerra de poderes” en mensaje a la nación de julio de 2018, conminando a ese poder del Estado a aceptar reformas de carácter político y constitucionales o cerrarlo de no aceptarlas. Pese a un periodo de dos años de confrontaciones y aceptaciones a todas o casi todas de las reformas del Ejecutivo, Vizcarra cerró el Congreso a fines de setiembre de 2019 y no publicó la última decisión de ese poder, relativo al cambio de dos magistrados del Tribunal Constitucional que, el mismo día de la elección, prohibió al diario oficial El Peruano en publicar la decisión, luego de que su Premier interfiriera a mitad de la elección de los dos magistrados en el Congreso de la República, presentando la solicitud de cambiar el proceso de elecciones de tribunos y exigiendo anular todo el proceso, el cual había iniciado 9 meses antes.

Esa solicitud tuvo carácter de “Cuestión de Confianza” y el ejecutivo la calificó como parte de la de política de gobierno, interfiriendo directamente en una atribución del Congreso de la República para determinar sus propios procesos de decisiones parlamentarias.

Todo este contexto gozó de aceptación de la población en medio de una polarizada situación de confrontaciones que tenía dos años de iniciados. Cuestionados comportamientos de miembros del Congreso acumulados por muchos años se manifestaron en el respaldo a esa decisión. El Tribunal Constitucional, un ente clave para dirimir esta situación de inconstitucional fue blanco de críticas, al demorar 3 meses en pronunciarse, al desestimar la inconstitucionalidad de lo actuado, y centrarse en el fondo de la demanda interpuesta por el entonces Presidente del Congreso, y no por la forma de cómo se justificó el Ejecutivo por tomar esa decisión, pues para muchas entidades no se cumplieron los requisitos exigidos en la constitución para obrar en esa dirección.

En enero de 2020, a raíz del cierre del Congreso de la República el 30 de setiembre de 2019 por parte del ex Presidente Martín Vizcarra (en medios de cuestionamientos  pero que fue ratificado por el Tribunal Constitucional), se llevaron a cabo las elecciones a un nuevo parlamento para concluir el periodo iniciado en 2016 y que concluirá en 2021, en medio de un desprestigio mediático de los partidos políticos, así como la clase política y congresal en su conjunto; asumiendo los nuevos congresistas sus funciones en el mes de marzo, coincidentemente al inicio de la cuarentena decretada por el gobierno debido a la pandemia del Covid-19.

Como resultado de las elecciones parlamentarias, la representación se centró en nueve partidos políticos, ninguno de ellos alcanzó el 20% del total de escaños, es decir, se trata de un congreso fraccionado.

Cuestionamientos por actos de corrupción y funcionamiento del Compliance Político

Más de 40 procesos pendientes por acusaciones de corrupción contra el ex Presidente Vizcarra en su condición de Gobernador Regional de Moquegua habían quedado suspendidas por su condición de dignatario del país, no obstante, el discurso de lucha contra la corrupción perdía credibilidad de la clase política y algunos medios de comunicación ante indicios, audios y, al menos, un aspirante a colaborador eficaz; a pesar de tener una alta popularidad y respaldo a terminar su mandato en julio 2021 por la mayoría de la población, para luego ser juzgado.

Habiéndose iniciado el proceso electoral en de julio 2020 para llevarse a cabo en abril 2021, encontrándose los partidos políticos definiendo sus listas de postulantes al Congreso de la República y plancha presidencial mediante elecciones internas y en medio de la peor crisis económica y de salud en la historia del país; el Congreso actual evaluó en dos oportunidades la VACANCIA PRESIDENCIAL de Vizcarra, logrando el segunda instancia un consenso de votos muy por encima de lo mínimo establecido de dos tercios del total de congresistas (87), alcanzando el 80% de votos (105), convirtiéndolo en el segundo presidente vacado en la historia republicana por la misma causal: INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE (recordemos que el primero fue A. Fujimori).

La discusión se centró en si era o no aplicable esta causal de “moral permanente”, si el Congreso tenía competencia para hacerlo, si era conveniente cesarlo a 9 meses de culminar su mandato, si el Presidente del Congreso había o no complotado contra Vizcarra para él asumir el cargo y, sobre todo, si el Congreso no actuó reflejando la opinión de la población en un tema tan sensible.

Se desataron movilizaciones sociales y expresiones de inconformidad por la forma y el fondo de lo sucedido, antes, durante y después de que Manuel Merino asumiera el cargo, determinara el Premier y juramentes sus nuevos ministros. El caos social se desató dentro y fuera del país con marchas físicas (cada vez más organizadas) y cuestionamientos mediante redes sociales de todo tipo de actores: políticos, sociales, ciudadanos y organizaciones sociales.

Sin reacción, el reciente gobierno heredado constitucionalmente carecía de LEGITIMIDAD SOCIAL, pero, sobre todo, de capacidad de comprender lo que sucedía, ni de control de las calles, de la opinión encendida y mediática, y limitadamente de la acción policial.

Dos jóvenes fallecidos a 5 días de asumir la presidencia, además del descontrol social obligaron a renunciar a Merino y todo su gabinete, dirigiendo el conflicto a los “105 congresistas” que habían vacado a Vizcarra, y así, conminándolos a elegir una Mesa Directiva sin ellos, para NO ser elegidos a ninguno de ellos como Presidente del Congreso y evitar así que sean Presidente de la República.

La presión provino de muchos flancos: muchos medios de comunicación tradicionales, promotores en redes sociales (algunos de quienes se sospecha tienen dependencia laboral con el gobierno de Vizcarra y organizaciones del exterior), distintas organizaciones sociales y políticas, además de líderes de opinión técnica pero también artística (curiosamente se vienen incluyendo en el panorama pre electoral personajes del mundo actoral y la industria del entretenimiento involucrados cada vez más en el quehacer político desde aproximadamente el 2010).

En las calles todavía se oyen voces cuestionando la constitución, el sistema político, a los políticos, a la policía, a ciertos medios de comunicación, así como a periodistas y comunicadores que mantuvieron una posición ajustada a la constitución, las leyes y a la ponderación y calma social, a quienes inclusive se les ha desatado campañas en contra de sus opiniones y de las empresas auspiciadoras de sus programas; además de promover marchas en sus domicilios, para acallarlos.

Al cierre de estas líneas, el Tribunal Constitucional resolvió negativamente a la consulta interpuesta por Vizcarra durante el primer intento de vacancia de fines de setiembre 2020, respecto al cuestionamiento interpuesto por el ex mandatario sobre la competencia o no del Congreso de la República para vacarlo, lo cual, como correspondía, fue denegado pues claramente el Congreso está facultado en usar ese recurso como control político, tal y como lo establece la actual constitución, y las precedentes desde casi inicios de la vida republicana, inclusive con mayor dificultad de uso desde la vigente carta magna que agregó a la incapacidad moral el término “permanente”.

El Compliance aplicado a la política y al ciudadano están muy entrelazados

El sistema político implica el control entre los Poderes del Estado para mantener un equilibrio y evitar excesos, mientras que la ciudadanía implica el uso de los derechos fundamentales y civiles para expresar y generar los cambios que el colectivo persiga, en un marco de legalidad y legitimidad.

Una falla fundamental del sistema político es la baja tasa de representatividad que los ciudadanos ostentan en un número reducido de congresistas, además de no contar necesariamente con representantes en las regiones o territorios (como sucedía con anterioridad a través de Diputados); además de no tener la garantía de que el actuar del, o los congresistas, por un periodo de 5 años refleje la opinión y voluntad ciudadana.

Por otro lado, en control político entre Poderes del Estado, al ser poco eficaz, se ha forzado entre el Ejecutivo y Legislativo llevándolo a extremos (un cierre de Congreso y dos vacancias presidenciales en menos de 3 años), asumiéndose en gran parte de la población que es el Presidente quien debiera tener mayores libertades en el ejercicio de sus funciones, A PESAR DE CUESTIONAMIENTOS de corrupción.

Una pregunta que salta a la luz es, ¿y el Compliance Ciudadano?

Cientos de marchas pacíficas agruparon a decenas de miles de personas quienes ejercieron su derecho a protestar, pero también existieron grupos de personas que se prepararon para encontrarse frente a policías que resguardaban calles del centro de la ciudad que conectaban con el Congreso de la República y Palacio de Gobierno, actuando en forma sistemática día a día.

Los ciudadanos tienen esa condición en la medida que respeten, cumpla y defiendan la Constitución y el ordenamiento jurídico, al romperla se arriesgan a un descontrol del uso de la fuerza, y nadie podría estar de acuerdo con las consecuencias de ello, ni policías, ni ciudadanos, ni padres, ni autoridades.

En resumen, los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como lo son la libertad de opinión o a la protesta, están obligados a respetar el derecho de los demás ciudadanos, por ejemplo, al libre tránsito y al trabajo. No hacerlo menoscaba el reconocimiento de sus derechos por actos al margen de las leyes y podrían implicar faltas, leves, graves o penales.

El control del comportamiento de los ciudadanos debiera descansar en ellos mismos (al ser mayores de edad), en sus familias (quienes pueden ponderar esas conductas), en los círculos sociales y laborales (por la misma razón anterior) y, de no ser suficiente, por la OPORTUNIDAD DE CAMBIO en estas o subsiguientes elecciones de autoridades.

 


 
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