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Detenida la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares en una operación anticorrupción

La policía judicial registra las sedes de Palma, Ibiza y Mahón en busca de pruebas de presuntas irregularidades en la concesión de amarres y contratos

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, en unas diligencias ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción de las islas que indagan presuntas irregularidades en la concesión de amarres y contratos en los puertos del archipiélago. Junto al presidente del ente público han sido también arrestados el director y el vicepresidente, que permanecen en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Palma.

La detención de Gual de Torrella se produjo en la noche del jueves cuando este acababa de llegar de viaje y fue conducido por agentes de la Guardia Civil a la comandancia de la capital balear para ser interrogado. Los tres responsables de la Autoridad Portuaria de las islas han pasado la noche en dependencias de la Guardia Civil. De forma simultánea efectivos de la policía judicial se desplegaron en las sedes de la APB en Palma, Ibiza y Mahón donde este viernes continúan con los registros y la búsqueda de documentación. Los trabajadores no han podido acceder a sus puestos de trabajo.

La investigación ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de las islas y las diligencias están declaradas secretas. Fuentes judiciales confirman que se indagan presuntas irregularidades en la concesión de amarres en los puertos bajo control de la APB, así como en la licitación de contratos en unas pesquisas que se desarrollan desde hace meses. En julio de 2015 el Consejo de Gobierno de Baleares propuso el nombramiento de Gual de Torrella como presidente de la APB, organismo que depende del Ministerio de Fomento. Joan Gual de Torrella es empresario y entre 2006 y 2014 ocupó la presidencia de la Cámara de Comercio de Mallorca.

En 2010 una operación anticorrupción similar llevó al inicio del caso Mar Blau, que juzgó casi diez años después irregularidades en la concesión de amarres en el puerto de Mahón. El expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz-Ferrán fue condenando por este caso a una pena de siete meses de cárcel por delitos de alteración de subastas y concursos públicos y prevaricación, que pudo sustituir por el pago de una multa de 2.640 euros. El exlíder de la patronal reconoció que participó en diversas actuaciones para favorecer a su empresa Trapsayates y alterar el concurso de amarres del puerto menorquín.

Tras el juicio también fueron condenados el que fuera director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel de Matías, sentenciado a nueve meses de cárcel sustituibles por multa de 4.050 euros, y el empresario Pedro Hernández, que abonó 1.800 euros a cambio de no cumplir siete meses de cárcel. Los tres admitieron que el fallecido presidente de la APB, Joan Verger, se ofreció a alterar en favor de un club marítimo el resultado del concurso sobre la gestión de los amarres en el puerto de Mahón que había ganado Díaz-Ferrán, que renunció a la adjudicación a cambio de dinero y varios amarres durante 15 años.

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