El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu maniobró para controlar y minimizar las investigaciones abiertas en el seno del club tras el estallido del caso Barçagate. Correos electrónicos escritos por Bartomeu revelan cómo limitó el alcance de la auditoría externa encargada después de que la cadena SER revelase, en febrero de 2020, la existencia de una campaña en redes sociales para difamar a rivales y jugadores del primer equipo del Barça. También presionó a la jefa de cumplimiento normativo, que había iniciado por su cuenta una investigación interna, según el sumario al que ha accedido EL PAÍS.
Noelia Romero era la jefa de compliance —procedimientos y buenas prácticas— de la entidad azulgrana hasta que, en junio de 2020, fue despedida. Unos días antes, había comunicado a la junta directiva y a los órganos de control el resultado de unas pesquisas que detallaban las irregularidades de los contratos entre el Barça y la empresa I3 Ventures para la supuesta “monitorización” en redes sociales de la imagen del club. Los Mossos concluyen que esos contratos —2,3 millones de euros en tres años— se trocearon de forma artificial y sirvieron a los intereses personales de Bartomeu, preocupado por mejorar su imagen pública y, de paso, hundir la de posibles candidatos a arrebatarle la presidencia.
En su informe, Romero acusaba al área de Presidencia de contratar servicios “de dudosa calidad y poca incidencia” a empresas “de cuestionable reputación” saltándose la normativa interna, señalan los Mossos. Su trabajo se vio “obstaculizado y bloqueado” por Bartomeu y su mano derecha, el ex asesor presidencial Jaume Masferrer. El Barça “enmascaró” su despido en el marco de un supuesto “conflicto laboral” con cargos afines a Bartomeu, que personalmente intentó controlar el trabajo de la empleada y le impidió, por ejemplo, el acceso a documentación que había solicitado. “Sergi, de momento no hagas nada, no des acceso a nadie”, ordenó al jefe informático.
Bartomeu quiso saber hasta dónde iba a llegar Romero. “Te he llamado y no me has contestado (…) Te envío este correo como responsable del comité de compliance del club. Te ruego que me informes inmediatamente de la existencia o no de alguna investigación por tu parte y de cuál es el objetivo”, escribe el presidente azulgrana a Romero. Las presiones y el despido solo sirvieron para que Romero decidiese colaborar con la investigación abierta por un juzgado de Barcelona tras una denuncia de la plataforma de socios Dignitat Blaugrana. Romero entregó 17.000 correos y más de 306.000 archivos de su ordenador portátil a los Mossos. Fue un empuje a la investigación que desembocó, el lunes, en los registros de las oficinas del Camp Nou y en la detención de Bartomeu, Masferrer y otros dos directivos: el consejero delegado, Òscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Ramón Gómez Pontí.
En ese correo, Bartomeu le advertía de que la consultora PwC elaboraba ya una “exhaustiva revisión” de los contratos. Pero no era cierto, según los Mossos: el expresidente y Grau “intentaron controlar el contenido de la auditoría, limitando la información que pudiera llegar al resto de miembros de la junta directiva”.
Tras el estallido del Barçagate, el exvicepresidente Emili Rousaud propuso una auditoría. Bartomeu pactó sus términos y alcance con los responsables de PwC. En un correo, informa de que la empresa podrá buscar palabras clave, pero siempre que sean “aprobadas por Oscar [Grau]”. Y pide controlar la información. “No podemos tener ninguna filtración confidencial a jugadores, patrocinadores, FIFA, UEFA, etc.”. Un empleado del club —testigo clave de la policía catalana— propuso ir más allá, lo que irritó al expresidente. Lo revela otro correo, fechado el 24 de febrero de 2020 y dirigido a ese empleado: “No sabía que te habías visto con Nacho Marull [de PwC]. He quedado con él para unas primeras valoraciones. Era por ser rápido en la investigación, pero con el nuevo alcance, esto se alargará unos días más. Nos vemos en Nápoles”.
Cuando el Barça dio a conocer las conclusiones del informe, Bartomeu sacó pecho y explicó, en rueda de prensa, que no se habían detectado irregularidades relevantes. En un comunicado, el Barça llegó a afirmar que “no se encargó ninguna campaña difamatoria hacia nadie”. Pero lo cierto es que nunca se pidió indagar ese aspecto. Las conclusiones, lamentan los Mossos, eran “muy esquemáticas” y podían ser “malinterpretadas”, ya que no recogían las irregularidades que sí se mencionaban en el informe, como la existencia del sobreprecio. La policía subraya que los dirigentes “utilizaron el informe como una cortina de humo para finalizar la polémica”.
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