28/03/2023
La triada: ciberespacio, ciberdelitos y ciberseguridad. Una vista al caso de la República Dominicana.
Autor: Luissannia Coronado, Ma. en Derecho Penal Económico, Compliance Officer por la WCA.
El origen de los ciberdelitos se enmarca en la aparición de la Internet y el auge del ciberespacio, como nuevo espacio delictivo, que abrió un abanico de oportunidades para que individuos con intenciones maliciosas, aprovechasen las nuevas formas de comisión de los delitos ‘tradicionales o convencionales’.
De acuerdo a Carlini (2016), el ciberespacio consiste en un «dominio global formado por las tecnologías de la información y la comunicación, y otros sistemas electrónicos, su interacción y la información que es almacenada, procesada o transmitida por estos». Explica Bardavío (2020), que «el ciberespacio permite que lo que antes era imposible, ahora sea posible (violar por Internet: autoría mediata dual), y que estos suponen un nuevo ámbito de criminalidad».
La primera gran ola de ciberdelitos llegó con la proliferación del correo electrónico a finales de los 80; más adelante, comenzaron a efectuarse delitos a través de los navegadores de páginas Webs, no obstante, su mayor apogeo surge a raíz del momento a partir del cual, cobran vida las redes sociales.
Estos pueden definirse como «cualquier infracción punible, ya sea delito o falta, en el que se involucra un equipo informático o Internet y en el que el ordenador, teléfono, televisión, reproductor de audio, vídeo, o dispositivo electrónico, en general, puede ser usado para la comisión del delito, o puede ser objeto del mismo delito (Cavada, 2020)».
Si bien, algunos doctrinarios hacen referencia a los términos ‘delitos informáticos, criminalidad informática, cibercrímenes…’, todos están acotados a un mismo campo de acción: el ciberespacio.
Cada vez se hace más difícil la detección e identificación de los ciberdelitos, por lo que Barrio (2011) nos dice que estos «pueden dar resultados más intensos, nuevos objetos materiales y formas comisivas que precisan de fórmulas preventivas y nuevas fórmulas de valoración…».
Su gran alcance, los reducidos recursos que necesitan, la anonimización, la versatilidad y en ocasiones, las lagunas o vacíos normativos que imposibilitan y/o dificultan su tipificación y sanción, son algunas de las características que favorecen su proliferación.
Los ciberdelincuentes –cuyo perfil puede ser bastante heterogéneo en atención a sus competencias– pueden actuar como una persona individual, o como un grupo criminal organizado. Estos suelen utilizar para efectuar sus ataques, programas maliciosos tales como, ransomware, spyware, y gusanos, entre otros.
En el caso dominicano, algunos de los ciberdelitos más comunes consisten en: estafas electrónicas o vía telefónicas, suplantación y/o robo de identidad (phishing o spoofing), delitos sexuales (sexting o grooming), extorción, amenazas y coacción.
En el 2022, la República Dominicana se posicionó en el puesto 28 de 161 países de acuerdo al Índice Nacional de Ciberseguridad elaborado por e-Governance Academy, gracias a medidas implementadas, tales como como la Agenda Digital 2030, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, el apoyo del Centro Nacional de Ciberseguridad y el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad.
En este tenor, el país cuenta con la Ley No. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que, aunque no hace alusión al término ‘ciberdelito’, es la norma que, de alguna forma, los ‘regula’. En este sentido, somos de opinión de que ya viene siendo tiempo, de aplicar una reforma a esta ley, pues, el acelerado desarrollo y evolución de los ciberdelitos, demanda a los Estados, ha adaptar y/o adecuar su legislación, en atención a las nuevas necesidades y realidades que emanan del contexto globalizado, y cambiante de la sociedad.
Aunque sí, es cierto, existe un progreso notorio en materia de ciberseguridad, pero, aún los ciberdelitos continúan aumentando de manera alarmante; por lo que consideramos necesario, que se adopten nuevas medidas que lleguen a los estratos más vulnerables de la sociedad, pues, es donde residen más ‘cibervíctimas’, quizás, por la falta de información, la cual, podría ser subsanada con una adecuada ‘educación cibernética’, que pudiese incluir campañas de sensibilización y concientización sobre las bondades y los peligros de la Internet.
Esta modalidad delictiva precisa de normas especializadas, iniciativas innovadoras y buenas prácticas, así como de instituciones y organismos exclusivos para su monitoreo, investigación, y persecución, de cara a fortalecer la ciberseguridad a nivel nacional.
Algunas de las recomendaciones que, aunque parecen simples, pueden hacer la diferencia, al punto tal, de poder frustrar cualquier ciberataque, consisten en: utilizar un administrador de contraseñas y doble factor de autenticación, realizar actualizaciones periódicas de las aplicaciones , efectuar copias de seguridad, evitar pinchar enlaces o abrir archivos adjuntos sospechosos, conectarse a redes Wifi desconocidas, y compartir información sensible o privada en las redes sociales.
Mientras tanto, nos encontramos a la espera de que los legisladores dominicanos, aprueben el proyecto de Ley de Ciberseguridad, el cual, entre otras cosas, contempla la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que vendría a reforzar todas las actuaciones y medidas que se han tomado en esta materia.
07 de Febrero
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