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La UE obligará a las empresas a implantar un canal interno de denuncias

La norma que prepara la Comisión Europea para ofrecer un elevado nivel de protección a los denunciantes de irregularidades en la UE extenderá sus efectos también sobre las empresas privadas. Así, al contrario que la Ley que se encuentra en fase de debate en el Congreso de los Diputados en España, Bruselas quiere amparar también a los delatores que trabajen en sector privado, no limitándolo a los funcionarios y a los empleados públicos.

Según el Ejecutivo comunitario, los escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica "ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad".

La futura regulación exigirá a todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros la creación de un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. Unos requisitos que también deberán incorporar las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes.

Sistema de notificación

Entre los mecanismos de protección que se recoge se encuentra la creación de canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad. Además, las organizaciones deberán contar con un sistema de notificación a las autoridades competentes (si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente a que funcionen). De forma subsidiaria, si los dos procedimientos anteriores no propociaran la adopción de medidas adecuadas o existiera un peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables, el texto requiere que se ponga en marcha un mecanismo de transmisión a los medios de comunicación o al público.

Las autoridades públicas o de la empresa encargada de atender a las denuncias, tendrá la obligación de responder y dar curso a las notificaciones de los denunciantes de irregularidades en el plazo de tres meses.

Asimismo, se contiene un sistema de prevención de represalias (y, de producirse, deben sancionarse) que prohibe el despido, la degradación o cualquier otra medida contra el delator. Si éste denunciara medidas contra él, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas (por ejemplo, medidas para atajar el acoso en el trabajo o prevenir el despido). La carga de la prueba se invertirá en tales casos. Además, se le propocionará protección en los procesos judiciales, especialmente mediante una exención de la responsabilidad por la revelación de información.

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