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El buen gobierno pasa a ser prioridad para las empresas no cotizadas

El gobierno corporativo es una prioridad para las empresas españolas que no cotizan en Bolsa, con un avance significativo en los últimos años,según un estudio de Deloitte. La nueva Ley de Información no Financiera acentuará esta tendencia.

El gobierno corporativo es una prioridad para las empresas españolas que no cotizan en Bolsa, con un avance significativo en los últimos años. Debido a las reformas legislativas, el buen gobierno ha dejado de ser una obligación sólo para las cotizadas, pero, además, los altos ejecutivos y consejeros han visto, al implantar las normas de gobierno, la posibilidad de generar valor en sus organizaciones y mejorar las relaciones con los grupos de interés, según el Estudio de Buen Gobierno Corporativo en Sociedades no Cotizadas, de Deloitte.

Tras encuestar a 120 empresas no cotizadas en España, el estudio evalúa el grado de implantación de las buenas prácticas en este campo. Apreciamos un avance significativo en la implantación de medidas de buen gobierno. En esta tendencia creciente están influyendo de forma significativa las novedades regulatorias, como la Ley de Información no Financiera con informe de verificación externa, señala Xavier Angrill, director del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte.

Según el informe, el consejo está directamente involucrado en el desarrollo de la estrategia en dos de cada tres compañías, y en el 89% se implica al comité de dirección. Más del 80% elabora un plan estratégico, pero sorprende que, en algunos grupos, el consejo no lo supervise, cuando es una de sus principales responsabilidades y muestra clave de buen gobierno.

Planificación y riesgos

La relevancia que las compañías dan a su modelo de gobierno aumenta (96%) y pasa a ser una prioridad para el 57%. Respecto a la importancia y el nivel de preparación sobre diferentes aspectos de gobierno, los resultados muestran un gap relevante en ámbitos como la gestión de riesgos, del talento, estrategia y políticas corporativas, mientras que, en el ámbito de la cultura, valores y principios, consideran que se actúa razonablemente bien. En sus sesiones, los consejos siguen apostando por los aspectos más tradicionales asociados al seguimiento financiero, de las operaciones y la estrategia, y sólo un tercio incluye de forma planificada en sus sesiones la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Respecto a los riesgos, casi dos de cada tres compañías gestionan de forma activa los vinculados al negocio. Sin embargo, pese a la responsabilidad de la supervisión de los riesgos por parte de los consejos, un 39% no tiene ningún mecanismo formal para identificarlos y gestionarlos. Los riesgos más relevantes para la organización son los operacionales (74%), de ciberseguridad (65%) y de estrategia y planificación (60%). Los que menos, la fiabilidad de la información financiera y reporting a terceros (17%), gobierno corporativo (18%) y ambientales (26%), mientras crecen los de reputación y cumplimiento normativo.

RSC y ciberseguridad

La RSC adquiere un papel más relevante en la estrategia. Así, sólo el 16% de las empresas no tiene asignada esta responsabilidad a ningún órgano, aunque aun el 45% no cuenta con una estrategia o plan de RSC. El 68% no emite ningún informe público con información no financiera (el 7% dice que sí lo hace su matriz) y el 15% no ve necesario que se verifique la información no financiera. Asimismo, pese a las reformas del código penal que afectan a las personas jurídicas, el 32% no ha desarrollado la función de cumplimiento normativo. Además, el 35% no cuenta con la función de auditoría interna.

El estudio introduce en esta edición secciones sobre ciberseguridad y digitalización. Solo el 25% de los participantes en el estudio dispone de una hoja de ruta sobre transformación digital formalizada con acciones, fechas y responsables y un 14% la ha empezado a elaborar. El 25% dice que, pese a conocer las herramientas digitales de su organización, no están totalmente integradas. Sobre ciberseguridad, únicamente una de cada cuatro ha definido y aprobado protocolos para comunicar incidentes. Fruto de la mayor sensibilidad, se observa la tendencia a contratar políticas de ciberriesgos (22%).

Respecto al fraude, el 55% de las empresas cree que la información disponible es nula, y sólo el 15% cuantifica lo recuperado. En las que cuentan con medidas preventivas para gestionar el fraude, predomina el establecimiento de un canal anónimo de denuncias antifraude (43%), seguido de una política anticorrupción (31%) y antifraude (30%) y un régimen sancionador (29%). Para el 86%, las pérdidas por fraude en su organización en el último año no superaron los 200.000 euros.

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