La Policía Nacional ha detenido a 16 personas que presuntamente defraudaron 210.135 euros a la Seguridad Social a través de una empresa ficticia que ha sido investigada por dar de alta fraudulentamente a 46 trabajadores.
Las detenciones se han practicado en Almería, Granada y Jaén encontrándose entre los arrestados el líder de la trama y quince supuestos trabajadores, ha informado la Comisaría de Almería en una nota, en la que añade que otras 35 personas han sido investigas por delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.
Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía ha indicado que la empresa investigada sirvió como pantalla para la tramitación irregular de 20 prestaciones por desempleo por un valor de 93.086 euros.
Los detenidos habrían aprovechado las contrataciones para tramitar permisos de residencia y regularizar su situación en España en el caso de los ciudadanos extranjeros y para cobrar distintas prestaciones y subsidios indebidamente.
La investigación se inició a principios del mes de noviembre, con un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería en el que comunicaban ciertas irregularidades detectadas tras una inspección llevada a cabo en una empresa de hostelería con sede social en la localidad de Vicar (Almería).
La empresa era ficticia y según se desprendía del mencionado informe había sido creada para ser utilizada de forma instrumental con el fin de permitir el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo por ciudadanos extranjeros, y al disfrute de prestaciones públicas mediante la simulación de contrataciones laborales.
Con toda la información reunida, los investigadores procedieron a la detención del líder de la trama y de trece falsos trabajadores en la provincia de Almería, así como los arrestos de dos implicados más en las provincias de Jaén y Granada.
Las pesquisas realizadas por los agentes han determinado que a través de esta empresa, la administración habría gestionado el alta de 46 personas y se ha constatado que 20 de ellas obtuvieron prestaciones por desempleo y cuatro consiguieron autorizaciones de residencia y trabajo.
Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.
Esta empresa habría generado una deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones devengadas y no ingresadas de 117.048 euros en el Régimen General y con el Servicio Público de Empleo Estatal una deuda de 93.086 euros por el cobro de prestaciones indebidas por desempleo.
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