El Deportivo pide cárcel para el entrenador de su filial pero se niega a despedirlo (España)

El Deportivo se encuentra inmerso en una paradoja. Lleva más de tres años empeñado en encontrar una reparación económica por el presunto amaño del partido entre Levante y Zaragoza de la última jornada de la temporada 2010-11. Ganaron los maños y con esos tres puntos lograron superar en la tabla al equipo coruñés, que se fue a Segunda División. Personado en la causa abierta a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, el club gallego entregó este miércoles ante la Justicia un escrito de acusación en el que anuncia que en cuanto se abra juicio presentará una prueba pericial que determinará el daño económico y la cuantía de la indemnización que reclamarán y que podría superar los 15 millones de euros por derechos de televisión y patrocinios que dejaron de percibir.

Pero esa petición de culpabilidad conlleva también que deba solicitar penas contra los futbolistas, técnicos y directivos investigados. En ese sentido el Deportivo se alinea con la Fiscalía, que solicita penas de prisión de dos años que casi con seguridad no implicarían ingreso en la cárcel, y no con la Liga, que quiere ejemplarizar con un castigo de cuatro años. Entre los acusados está Gustavo Munúa, actual entrenador del filial deportivista. De esta manera el Deportivo pide prisión, multa e inhabilitación de seis años para uno de sus técnicos. Al tiempo invoca la presunción de inocencia para no despedirle de inmediato.

Munia, que fue jugador del equipo coruñés entre 2003 y 2009, regresó a la entidad el pasado mes de noviembre para hacerse cargo del Fabril, que juega en Segunda División B. Tres meses antes un juzgado valenciano había decidido, tras casi dos años y medio de instrucción, archivar la causa sobre el presunto amaño y retirar la imputación de las 41 personas investigadas en el proceso. Pero tanto la Liga como el Deportivo tenían presentados sendos recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia para reabrir el caso. Aún así el club coruñés se decantó por contratar a Munúa para suplir a Cristóbal Parralo, que había sido promocionado al primer equipo tras el despido de Pepe Mel. A finales de enero se estimaron las apelaciones. La del Deportivo apuntaba que tras las diligencias de la investigación se justificaba que existió delito aquella tarde de mayo de 2011 que el equipo perdió la categoría. Según la Fiscalía Anticorrupción el partido se arregló por 965.000 euros.

El Deportivo dedidió personarse en la causa penal en octubre de 2014, nueve meses después de la llegada del consejo de administración presidido por Tino Fernández. Lo habían anunciado desde su primer día al frente del club. “El cambio de división supuso una importante pérdida económica para la entidad”, explicó entonces el dirigente para poner fin a otra paradoja: durante más de tres años el Deportivo no había ejercido acción legal alguna para obtener reparación de un hecho que había destapado su presidente, entonces Augusto César Lendoiro, incluso días antes del partido investigado. No lo hizo en los tribunales sino en una llamada telefónica a Javier Tebas, máximo mandatario de la Liga de Fútbol Profesional, tal y como este testificó ante la justicia. “Me llamó y me dijo: este partido parece que lo están arreglando”. A partir de ahí la Liga empezó a recabar datos, interpuso en marzo de 2013 una denuncia ante la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria abrió una investigación tras la que mostró que casi todos los jugadores del Levante dejaron de retirar dinero de sus cuentas bancarias durante varios meses después del partido contra el Zaragoza. Entre ellos figuraba Gustavo Munúa.