La apropiación indebida de un secreto empresarial tendría un impacto del 30% en ese negocio

En un escenario como el actual, global y sin fronteras, es fundamental proteger los secretos empresariales. La apuesta del Ministerio de Justicia la explicó este martes, José Amérigo, su secretario general técnico en un evento celebrado en CEOE organizado por el Consejo General de Economistas. “Apropiarse de un secreto empresarial de forma indebida podría suponer casos una reducción del volumen de negocio de hasta un 30%”.

Durante su intervención, José Amérigo, destacó  que “el escenario global actual, el dinamismo del mercado y el uso de las nuevas tecnologías hacen que las empresas innovadoras estén cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, comprometiendo su capacidad para aprovechar la innovación de la que son precursoras”.

Amérigo explico que hasta la fecha los secretos empresariales han contado con cierta regulación como complemento o alternativa. Antes de que se incorporen al Derecho interno las normas de la Directiva, ya existían disposiciones legales en el ordenamiento jurídico español para la protección de los secretos empresariales. “Impulsamos este Anteproyecto para mejorar la protección de la información confidencial de las empresas y lograr con ello mayor competitividad e innovación”.

También recordó que esa regulación estaba contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) y también en la Ley de Competencia Desleal. Para mejorar la protección y homogeneizarla a nivel europeo, se aprobó la citada Directiva (UE) 2016/943.

Para cumplir con el mandato de esta directiva, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, aprobó el pasado 9 de febrero de 2018 el referido anteproyecto legislativo sobre el secreto empresarial, del que –según José Amérigo– “cabe esperar efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior y la competencia, todo ello sin perjudicar la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada y promoviendo a su vez el derecho de propiedad y la libertad de empresa”.