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La Agencia Antifraude valenciana propone un pacto contra la corrupción con planes obligatorios de prevención

"Hay que dar respuesta a las expectativas ciudadanas articulando un Pacto Social Valenciano contra la Corrupción". La memoria de los primeros meses de funcionamiento de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, correspondiente a 2017, recoge esta propuesta de su director, Joan A. Llinares, que la desarrolla con una serie de iniciativas, entre ellas la implantación de planes de prevención de la corrupción en administraciones y empresas públicas, así como en concesionarias, proveedores de servicios y receptores de subvenciones.

Según el director de la Agencia Antifraude valenciana, hay que hacer obligatoria "la elaboración de planes de prevención de riesgos de corrupción y aprobar códigos de conducta para todo el personal, así como para los operadores que sean prestadores de servicios públicos o perceptores de fondos públicos".

"La tentación de corrupción está en las propias estructuras y niveles del ejercicio de las potestades públicas", advierte Llinares en la primera memoria que acaba de entregar a las Corts Valencianes. Y apuesta por "impulsar cambios estratégicos inspirados en la visión preventiva, orientados a que nuestras administraciones sean más resistentes a los riesgos de corrupción que las amenazan".

Tras recordar los datos del Consejo General del Poder Judicial, que señalan que en 2016 había 1.378 persones implicadas en causas penales a la espera de juicio o procesadas por corrupción pública, que en 2017 se dictaron 126 sentencias y que en la Comunidad Valenciana los juzgados abrieron en 2017 una decena de procedimientos por delitos de corrupción que afectan a 29 persones, mientras que en España fueron 97 procedimientos que afectan a 411 persones, Llinares justifica el pacto social contra la corrupción y apunta diversas medidas.

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