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Bruselas blinda a los chivatos de empresas y organismos públicos

La Comisón Europea ha aprobado un proyecto de directiva que pretende blindar laboralmente a los empleados que revelen información interna sobre prácticas fraudulentas de sus compañías, una arriesgada decisión que en los últimos meses ha ido a más y que ha permitido descubrir escándalos fiscales como los ligados a los LuxLeaks o Panama Papers, fraudes medioambientales como el Dieselgate o violaciones de la privacidad como la de Cambridge Analitica.

Bruselas quiere evitar que las fuentes de esas informaciones sean rastreadas por las compañías o por los organismos públicos y represaliadas por su colaboración con la justicia y con el interés público, como ha ocurrido recientemente, en varios países. Según la CE, solo 10 países de la UE, entre los que no figura España, cuentan con una legislación que garantiza de manera fehaciente la protección del informante.

«La protección disponible actualmente en la UE es fragmentada, en función de los Estados miembros, y desigual en relación con las áreas que protege», lamenta la Comisión en el documento que acompaña al proyecto de directiva.

El temor a represalias retrae las denuncias. Según los datos que maneja la CE (en base a una encuesta en 13 países), un tercio de los trabajadores ha observado conductas inapropiadas en sus centros de trabajo. Un 59% informó a sus superiores y en un 36% de los casos fueron castigados por ello.

La directiva fija unos estándares mínimos de protección para los chivatos (o whistleblowers, en inglés), tanto en el sector público como en el privado siempre que la información ataña a una violación de la legislación comunitaria en áreas como el lavado de dinero, la seguridad alimentaria, la protección medioambiental, la seguridad nuclear o la licitación pública. La protección también se ofrecerá a los empleados que informen sobre violaciones de la normativa sobre competencia o del impuesto de sociedades.

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