Chivatazos por el bien común: la UE quiere proteger (con sanciones) a los delatores

"El miedo a las represalias es, a menudo, fundado”. Lo sabe bien Antoine Deltour, juzgado por la información que dio lugar al escándalo de Luxleaks al exponer la ingeniería fiscal de grandes compañías en el Gran Ducado. También Hervé Falciani, pendiente de su posible extradición por haber revelado valiosa información sobre evasores fiscales ligados al banco en el que trabajaba, HSBC de Ginebra. Los informantes, aquellos que deciden tirar de la manta para denunciar situaciones irregulares, son conscientes de que dar un paso adelante es un gran riesgo.

Bruselas prevé proponer el próximo martes normas para protegerlos en toda la Unión Europea. En el borrador de una nueva directiva, al que El Confidencial ha tenido acceso, recalca la importancia de asegurar que aquellos que tienen información privilegiada sobre fraudes e incumplimientos de las normas puedan revelarla sin temores. Y la Comisión Europea no se engaña: “Los estados miembros deben tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalia”.

¿Por qué proteger a los delatores? Porque hacen falta y se la juegan. Por una parte, sus revelaciones permiten luchar contra aquellos que torean las normas y “pueden causar un serio daño al interés público”. Se trata de ampararlos, porque sirven al interés público: esa es la clave. Además, la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker tiene claro que hace falta asegurar que se cumplen las normas, y qué mejor que tener a gente sobre el terreno dispuesta a avisar si no se hace.