Los nuevos Intocables: cómo se forman los expertos contra la corrupción en España

A la opinión pública española no le ha hecho falta conocer la sentencia del caso Gürtel que ha propiciado la salida del Partido Popular del Gobierno para situar la corrupción, junto al paro, como una de sus dos grandes preocupaciones. En los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue desarrollado entre los pasados 1 y 10 de mayo, los españoles ya situaban en lo más alto su inquietud por la notoria presencia de manzanas podridas en nuestras instituciones.

Este hecho no ha pasado desapercibido en los últimos años para un foco de la comunidad educativa empeñado en aportar nuevas vías para quienes buscan poner en jaque la economía ilícita. Caso Lezo, Nóos, la fortuna oculta de los Pujol, el escándalo de los ERE irregulares... Ante la falta de prevención y persecución de malas prácticas en algunos de estos casos, unas pocas universidades han implementado titulaciones para profesionalizar a quienes buscan combatir un problema del que ni siquiera es posible cuantificar la enorme factura que genera.

La Comisión Europea apuntaba hace cuatro años que las irregularidades en los procesos de contratación pública podrían estar suponiendo al erario español un sobrecoste de unos 13.000 millones de euros al año. Una cantidad sensiblemente menor a la que advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estima en 47.500 millones al año las desviaciones al alza en los contratos.

Lo cierto es que este último dato es considerado engañoso, ya que, según Eduardo Fabián Caparrós, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, «es una cifra alimentada tanto por listos corruptos como por tontos que gestionan mal y cometen despilfarros» que van más allá de actuaciones delictivas. No obstante, tanto él como el resto de los expertos consultados, creen que el precio derivado de actividades fraudulentas oscila entre el 1,5% y el 3% de nuestro PIB, un porcentaje que enjugaría de sobra recortes como los sufridos en Dependencia (1.234 millones de euros).

A su juicio, un incremento de políticas educativas básicas en formación superior puede ayudar a reducir este mal. Eso es, precisamente, lo que le llevó en 2006 a cofundar, junto al profesor Nicolás Rodríguez, el Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca (entonces llamado Máster en Corrupción y Estado de Derecho).