Son casi todas empresas con fuertes desarrollos de obras públicas que les fueron adjudicadas por el anterior gobierno kirchnerista. Pero también, por la actual gestión de Cambiemos. En conjunto, acumulan contratos por u$s22.000 millones.
Y si bien en algunos casos, el Ministerio de Energía actualmente bajo el mando de Javier Iguacel denunció y anuló varias obras por presuntas irregularidades en las adjudicaciones, todas quieren seguir haciendo negocios con el Estado nacional.
Por ese motivo es que comenzaron a “despegarse” de las acusaciones e investigaciones que pesan sobre varios de sus principales ejecutivos o, en algunos casos, hasta de sus propios dueños y fundadores.
Más que nada, porque en el Gobierno ya avisaron que la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, a su vez número dos de Julio De Vido, no frenará los planes de inversión en infraestructura ni congelará tampoco las licitaciones ya en marcha o las adjudicadas incluso a este bautizado “club de la obra pública”.
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Fuente: iProfesional
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