Hay muchos perdedores y pocos ganadores cuando las empresas sobornan a funcionarios públicos extranjeros para obtener lucrativos contratos en el extranjero. Al dar prioridad a los beneficios sobre los principios, los gobiernos de la mayoría de los principales países exportadores no procesan a las empresas que incumplen las leyes que penalizan el soborno extranjero.
Lo que falta es una aplicación activa. El nuevo informe de Transparency International, Exporting Corruption, concluye que sólo 11 de los principales países exportadores -que representan alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales- tienen una aplicación de la ley activa o moderada contra las empresas que sobornan en el extranjero para obtener derechos mineros, contratos para grandes proyectos de construcción, compra de aviones y otros acuerdos.
País por país, el informe nombra a los principales infractores, así como los defectos de los sistemas jurídicos nacionales que permiten que este delito continúe sin control. Uno de los ejemplos más impactantes de los últimos años es el masivo esquema de soborno extranjero llevado a cabo por el conglomerado brasileño de construcción Odebrecht, que involucró alrededor de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en al menos 12 países.
EL COSTO DEL SOBORNO EXTRANJERO
El soborno extranjero tiene enormes consecuencias negativas para las economías de las naciones objetivo. El dinero se desperdicia en tratos que están sobrevaluados o que no producen beneficios reales. Los recursos limitados se desvían para beneficiar a unas pocas personas, mientras que a los ciudadanos se les niegan servicios públicos vitales, como el acceso a agua potable, carreteras seguras o servicios básicos de salud.
Alrededor del mundo, los competidores que ofrecen mejores productos salen perdiendo en un mercado injusto y esto desencadena una carrera hacia abajo, con algunas compañías que eligen sobornar porque otras lo están haciendo.
Esta es la razón por la cual la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) requiere que las partes penalicen el soborno de funcionarios públicos extranjeros e introduzcan medidas relacionadas, como la investigación de casos sospechosos. Su objetivo es crear un campo de juego libre de corrupción para el comercio mundial.
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