Uno de los temas más relevantes que han preocupado a las y los mexicanos en los años recientes, tiene que ver con la corrupción. Es también un tema que está en el discurso político, tanto de quienes gobiernan como de los que van a gobernar en el futuro, pues ha delineado buena parte de la perspectiva sobre la administración actual, así como de los gobiernos locales en prácticamente todos los estados del país, donde no hay exgobernadores o gobernadores en funciones que no sean asociados a malos manejos de recursos públicos y, qué decir, de los ayuntamientos.
El problema, es que aún hoy, no tenemos claridad sobre la forma en que se busca dar solución al problema de la corrupción, más allá de los buenos deseos y el arrepentimiento de quienes ahora cometen actos criminales con los recursos públicos. Como parte de las “grandes soluciones” que, a la sociedad mexicana, o a sus grupos políticos, les gusta adoptar, se construyó un Sistema Nacional Anticorrupción que, hasta ahora, como era previsible, tiene más retos que las soluciones que puede comenzar a aportar a partir de su integración en distintos espacios de la función pública.
En el mundo se han experimentado diversas formas para aminorar los efectos de actos corruptos en el servicio público, siendo las más efectivas aquellas que no consideran a la corrupción desde una perspectiva ética, o como un problema cultural, sino desde las externalidades y riesgos que implica la operación diaria de los sistemas que operan al interior de las organizaciones públicas, como mecanismos para la consecución de sus fines.
La corrupción tiene que ver con delitos o faltas que se comenten en el contexto de la interacción cotidiana de las personas, con recursos públicos o privados. En general, los actos asociados a la corrupción están tipificados en las leyes de la mayor parte de los países como delitos o faltas administrativas, por lo que en realidad cualquier acto es una violación a la ley, por lo que no habría que ir más allá en la búsqueda de soluciones a los temas de corrupción.
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