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25/10/2018

Nuevo estatuto contra la corrupción: Senado despacha informe de la Comisión Mixta

Avances y novedades Ley 20393 Chile



Ad portas de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. (Boletín Nº 10.739-07).

La Sala del Senado aprobó, en forma unánime, el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el texto legal, y ahora solo resta que la Sala de la Cámara Baja se pronuncie para que concluya su trámite en el Congreso.

Cabe recordar que la iniciativa, cuenta con urgencia de discusión inmediata, ello debido a la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales respecto a elevar los estándares en la lucha contra la corrupción.

Durante el debate intervinieron los senadores Francisco Huenchumilla, Andrés Allamand, Iván Moreira, Rabindranath Quinteros, Víctor Pérez Varela, José Miguel Insulza , Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh, Juan Ignacio Latorre, Luz Ebensperguer, Francisco Chahuán y Álvaro Elizalde además del ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Los parlamentarios coincidieron en valorar el trabajo desarrollado por la Comisión Mixta y el Ejecutivo, encabezado por el ministro Larraín, quien a su vez fue uno de los autores de la moción que dio origen a este proyecto que representa una aspiración transversal para elevar los estándares de nuestra legislación contra los delitos de cohecho y soborno y también la corrupción.

En la oportunidad, también se recordaron los diversos casos de corrupción y mal manejo de fondos públicos que han remecido a la opinión pública y que “han socavado las confianzas y han dañado severamente las instituciones”. En ese sentido, expresaron que este nuevo estatuto es una respuesta que va en el sentido correcto pues es una respuesta democrática y contundente que eleva las sanciones a quienes infrinjan las normas de probidad en la administración pública.

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