Según un estudio de la Comisión Europea, dentro del marco de puntuación del mercado único (EU Single Market Scoreboard on public procurement), la contratación pública debe mejorar mucho en nuestro país. Solo dos de los doce indicadores que analiza este informe aprueban las calificaciones.
Se trata de unos informes anuales que publica Bruselas y que analiza área por área las políticas públicas en cada país, y las puntúa teniendo en cuenta varios aspectos.
Las compras públicas, como la de obras, bienes o servicios por parte de organismos públicos, representan más del 14% del PIB de la UE, y tal como explica la CE, está regulado por la ley para asegurarse que el sector público obtenga la mejor relación calidad-precio y que se respeten tres principios clave: igual tratamiento, no discriminación y transparencia. Estos son, esencialmente, los principios que se vigila que se cumplan en este análisis.
Los indicadores analizados en el informe son: oferta única, sin convocatoria, tasa de publicación, contratos cooperativos, criterios de adjudicación, velocidad de decisión, contratistas de pymes, ofrecidos de pymes, procedimientos divididos en lotes, falta llamadas para las ofertas, falta de número de registro del vendedor y falta de números de registro del comprador.
Según la Comisión, “aunque sólo proporcionan una imagen simplificada, estos indicadores siguen destacando los aspectos básicos de los mercados de contratación de países”. Como conclusión, la CE asegura que “en general, la actuación de España en el 2017 no fue satisfactoria”.
El análisis de la CE muestra que nuestro país sólo cumple dos de los doce indicadores. Por una parte, aprueba “satisfactoriamente” los criterios de adjudicación, que básicamente miden la proporción de procedimientos adjudicados sólo sobre la base del precio más bajo y refleja, según el estudio, como los compradores públicos escogen las empresas a quienes adjudiquen contratos. En particular, si deciden basándose en el precio único o si también tienen en cuenta la calidad. En esta categoría, España se considera que “depende poco del precio”, con un 30% de dependencia a los últimos datos del 2017.
Por: Luis Javier Sánchez
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