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23/11/2018

La Audiencia Nacional ve "increíble" que Olivas no conociera las operaciones de Bancaja y Banco de Valencia en México

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y de otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México que supusieron "una auténtica operativa de desfalco" para las entidades. En opinión de los magistrados, resultaría "increíble" que Olivas no hubiese estado al tanto.

Por estas operaciones inmobiliarias, que tuvieron un valor de 750 millones de euros, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya ha abierto juicio oral contra los 48 exdirectivos, a los que ha impuesto además una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.437,78 millones de euros.

Así, el magistrado requiere a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles.

En el caso de José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

El auto, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank), da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.

De Egea envía a juicio a los 48 exdirectivos al considerarles responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

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