Los dos lados del mostrador: ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en los funcionarios públicos?

Un conflicto de intereses se produce cuando un funcionario público hace uso de su posición para beneficiar sus intereses personales -como contratar de proveedor a la empresa de un familiar directo, o interferir en la regulación de una industria con la idea de trabajar para ella una vez que acabe su mandato público.

El escándalo de Lava Jato con epicentro en Brasil y remezones en toda América Latina y otras latitudes ha dejado claro que los mecanismos de prevención de conflicto de intereses adoptados en las últimas dos décadas no han funcionado. Nuestras regulaciones tienen fallas, y numerosos funcionarios sin integridad lo han aprovechado para sentarse a los dos lados del mostrador.

Normativa sin músculo

Los ciudadanos que viven en democracia tienen la expectativa que los funcionarios públicos actúen de manera imparcial al momento de tomar decisiones, sin buscar beneficios personales o que exista la apariencia de que así fue. A su vez, en los principales cargos del gobierno – en especial los de confianza – se designa a personas por su idoneidad y conocimiento específico del sector que deberán regular y supervisar. El problema se suscita porque cada vez es más frecuente que estas personas provienen del sector privado.

¿Dónde están fallando nuestras leyes? En ocasiones, nuestras normativas tienen definiciones poco operativas y los remedios administrativos que ofrecen son poco prácticos. Además, en muchas instancias vemos cómo los órganos investigadores no tienen el músculo necesario para acceder a la información patrimonial de un funcionario. Por si todo esto no fuera poco, las declaraciones juradas de intereses que los funcionarios están obligados a completar suelen contener campos con información irrelevante o están en formato papel, lo que dificulta la verificación automatizada de los datos.

Ingredientes para el control efectivo del conflicto de intereses

¿Cómo lograr que estas personas puedan ejercer sus obligaciones públicas de manera imparcial, basadas en evidencia y en razones de política pública, y no en función de sus propios intereses? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo hemos preparado un estudio para explorar los desafíos y oportunidades en torno a los sistemas de control de conflicto de intereses. Nuestra conclusión es que cualquier solución pasa por fortalecer tres ejes claramente definidos: el marco legal, el órgano de aplicación, y la declaración jurada de los funcionarios.