La ONG austríaca Noyb presentó este viernes una queja contra ocho empresas digitales internacionales, entre ellas, Netflix, Amazon Prime, Apple Music y YouTube, por supuesta «violación estructural» de un aspecto clave de la normativa comunitaria sobre protección de datos.
Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa «None of your business» («No es asunto tuyo»), es iniciativa del activista austríaco Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.
La ONG señala que en los servicios audiovisuales en internet de estas empresas se cometen «violaciones estructurales» del Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) al no respetar el denominado «derecho al acceso» a los datos personales. «A los usuarios se les otorga el derecho de obtener una copia de todos los datos en bruto que una empresa posee sobre ellos», explica la ONG en un comunicado.
Además, «información adicional sobre las fuentes y los destinatarios de los datos, el propósito con el que se procesan o la información sobre los países en los que se almacenan y durante cuánto tiempo», agrega.
Sin embargo, Noyb asegura haber puesto a prueba el cumplimiento de este derecho por parte de estas empresas y los datos facilitados no son los que legalmente se les exige entregar. Schrems, director de Noyb, lamenta que las empresas «a menudo ni siquiera proporcionan de forma remota los datos a los que todo usuario tiene derecho». «Esto lleva a violaciones estructurales de los derechos de los usuarios, ya que estos sistemas están diseñados para retener información relevante», agrega el joven jurista, de 31 años.
Debido a estas vulneraciones, Noyb ha presentado ante la Oficina austríaca de protección de datos una queja formal en nombre de diez usuarios contra ocho empresas.
De acuerdo con las normas europeas, estas empresas podrían ser multadas con hasta 18.800 millones de euros en total. El nuevo reglamento europea de protección de datos prevé multas máximas de hasta el 4 % de la facturación mundial de las empresas que hayan sido declaradas culpables, recuerda Noyb.
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