José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción, en especial tras haber tenido que reconocer, primero, a la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y, segundo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Telefónica está siendo objeto de investigaciones sobre presuntas irregularidades. Prueba de ello, la operadora ha despedido a cerca de 500 empleados en los últimos tres años después de analizar denuncias internas y de aplicar un riguroso código ético.
Según datos internos, en 2018, Telefónica recibió 912 denuncias, de las que 404 fueron fundadas. De estas, el 37% estuvo relacionado con problemas en el entorno laboral, pero otro 36% estaba vinculado a fraudes. Las investigaciones de estos casos supusieron la extinción de 167 puestos de trabajo. De los expedientes cerrados, hubo un caso de corrupción y otro de discriminación. Por primera vez, la compañía analizó reclamaciones por acoso, las cuales ascendieron a 24.
En 2017, las cifras fueron similares, con un total de 893 denuncias, de las cuales Telefónica corroboró 490. Estos casos, un 75% de los cuales estaba también relacionado con conflictos laborales y fraudes, acabaron en 188 despidos. Un año antes, en 2016, la operadora recibió 1.152 comunicaciones, de las que 641 se consideraron ciertas. Las investigaciones, dos de ellas vinculadas a casos de corrupción, terminaron con la salida de 135 empleados. En total, desde que Pallete se hizo con la presidencia en abril de 2016, Telefónica ha echado a 490 personas por irregularidades en la gestión o directamente por casos de corrupción.
Como publicó El Confidencial el pasado año, entre los afectados se encuentran directivos de su filial en México, los cuales fueron acusados de pagar sobornos a alcaldes y gobernadores de varios estados para instalar redes y postes de telecomunicaciones. La compañía no detalla en su memoria anual los países en los que trabajaban los empleados despedidos.
Telefónica implantó su primera política anticorrupción en 2015, ejercicio todavía presidido por César Alierta y que se saldó con la extinción de 38 contratos laborales. Pero la compañía reforzó sus mecanismos de control el pasado año coincidiendo con la solicitud de información por parte de la CNMV, que requirió que concretase el alcance de los casos de corrupción en los que podía estar envuelta, la repercusión desde el punto de vista financiero y los resultados probables de esas averiguaciones.
La multinacional española se limitó a decir que seguía inmersa en “unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”. Pero ni concretó los casos ni detalló el alcance o la duración de estos asuntos, ni el potencial impacto en el patrimonio por la posible pérdida de contratos con administraciones públicas. Solo aseguró que “no afectarían de forma material a la situación financiera”.
Aquella petición del organismo regulador se entendió en Telefónica como un toque de atención para reforzar más si cabe las medidas internas de lucha contra la corrupción y el soborno. Prueba de ello fue la creación del área independiente de Compliance y el nombramiento de un responsable de esta división, que aglutinó los departamentos locales que el grupo había ido abriendo para perseguir potenciales irregularidades.
Asimismo, la multinacional aprobó una nueva política de relación con las administraciones públicas, especialmente sensible en países latinoamericanos, y obligó a los empleados a completar un curso de Principios de Negocio Responsable. A 31 de diciembre de 2018, el 90,4% de los trabajadores dados de alta en la plataforma de formación corporativa había completado el curso, lo que supone 101.431 personas.
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