Nueva política antimonopolio otorga crédito a todos los cooperadores

El 11 de julio de 2019, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) anunció una nueva política para alentar a las empresas a invertir en programas de cumplimiento antimonopolio integrales y efectivos. La nueva política de la División Antimonopolio representa un cambio con respecto a su Política de Clemencia Corporativa de larga data, que incentiva a las empresas a autoinformar las violaciones antimonopolio.

Desde 1993, el Departamento de Justicia ha alentado la autoinformación oportuna para ayudar a erradicar las violaciones antimonopolio a través de su Política de clemencia de todo o nada. Las compañías que son las primeras en denunciar las violaciones de las leyes antimonopolio reciben un pase total del Departamento de Justicia, que incluye inmunidad contra cargos penales, acuerdos de no enjuiciamiento para empleados cooperantes y daños reducidos en acciones civiles relacionadas. A cualquier empresa que se autoinforme a partir de entonces no se le ofrece ninguna reparación, ya que el Departamento de Justicia a menudo insiste en declararse culpable, independientemente de la efectividad del programa de cumplimiento corporativo de la empresa o si la empresa ha tomado alguna medida correctiva. Históricamente, los fiscales afirmaron que sería contradictorio considerar el programa de cumplimiento de una empresa en la etapa de acusación, ya que las violaciones antimonopolio involucraban a todo el negocio, y el Departamento de Justicia nunca había recomendado una reducción en la etapa de sentencia para un programa de cumplimiento efectivo.

Ahora, los fiscales considerarán el programa de cumplimiento de una compañía en la etapa de cobro, creando el potencial para que las compañías que inviertan en sus programas de cumplimiento reciban un acuerdo de enjuiciamiento diferido (pero específicamente no un acuerdo de no enjuiciamiento), independientemente de si califican bajo el Corporate Programa de clemencia. Los programas de cumplimiento también pueden considerarse en la fase de sentencia, ya sea reduciendo el puntaje de culpabilidad de la empresa, mitigando el monto de la multa o determinando si la empresa debe recibir libertad condicional.

Como parte de esta nueva política, la División Antimonopolio ha publicado, por primera vez, un documento de orientación pública que explica cómo se evaluarán los programas de cumplimiento en las fases de acusación y sentencia. La guía de la división comienza con tres preguntas básicas que los fiscales deben considerar: (1) ¿aborda el programa de cumplimiento de la compañía y prohíbe las violaciones penales antimonopolio? (2) ¿el programa de cumplimiento antimonopolio detectó y facilitó el informe inmediato de la violación? y (3) ¿en qué medida estuvo involucrada la alta gerencia de una empresa en la violación?

En el nuevo documento de orientación, la División Antimonopolio describió los factores que considerará al evaluar la efectividad del programa de cumplimiento de una empresa. Estos factores incluyen:

• Un diseño e implementación efectivo e integral integrado en todo el negocio.
• El compromiso de la alta gerencia con la buena ciudadanía corporativa.
• Ejecutivos con autonomía y autoridad para asignar recursos adecuados asignados al programa de acuerdo con la estructura y el tamaño de la empresa.
• Controles implementados para identificar y remediar el riesgo antimonopolio.
• Formación adecuada y comunicación con los empleados.
• Seguimiento y revisión periódica del programa.
• Medios de información anónimos.
• Incentivos internos y acciones disciplinarias para disuadir violaciones antimonopolio.
• Esfuerzos de remediación posteriores al descubrimiento.

Las empresas deben aspirar a modelar sus programas en torno a estos factores específicos.

Al abandonar su enfoque de todo o nada, la División Antimonopolio ahora proporciona un punto medio moderado para las empresas que toman medidas proactivamente para evitar problemas antimonopolio. Para que una compañía se posicione mejor para abordar las nuevas pautas del Departamento de Justicia, recomendamos consultar con un asesor externo para revisar y actualizar los programas de cumplimiento antimonopolio existentes y, cuando sea necesario, diseñar e implementar nuevas políticas efectivas, capacitación y controles internos.