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Definición de Pymes según la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, (2018/2545 (RSP))

Autora: Enya Juanhuix Corral. Responsable de Coordinación Internacional WCA

 

Antecedentes

Hay 23 millones de pymes en la Unión Europea, que suman más o menos el 99% de todas las empresas, emplean a dos terceras partes de la población activa europea, generan más de 90 millones de puestos de trabajo y alcanzan un valor añadido del orden de 39 billones de euros. 

Tras las cifras anteriores, vemos claro como las PYMES son decisivas para el crecimiento económico, la cohesión social y la creación y mantenimiento de empleo. Por ello, es necesario incrementar los esfuerzos para lograr un entorno más sencillo y favorable para estas puesto que se ven afectadas de manera desproporcionada por la carga administrativa y los obstáculos financieros que limitan su competitividad, entre otras. 

Una definición rigurosa y clara de PYME, dentro de un entorno jurídico coherente, además de suponer una ventaja para las empresas puesto que se concibe como un instrumento para mitigar los fallos del mercado y los problemas inherentes a la competencia entre empresas de diferente tamaño, volumen de activos y modelo de negocio, también contribuye a facilitar la creación de empleo de calidad y a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad laboral limitando así los abusos. 

Nueva evaluación de la definición de pyme

Uno de los objetivos del Parlamento Europeo al hacer una nueva evaluación de la definición de pyme es impedir que grandes actores puedan constituir estructuras empresariales artificiales a fin de beneficiarse de las condiciones de las pymes. Hecho que causaría que se distribuyera el apoyo a éstas de forma injustificada. Por tanto, cualquier actualización de la definición de pyme debe hacerse en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y facilitar así su acceso a ayudas públicas. 

El número de trabajadores se ha convertido en un criterio ampliamente aceptado a la hora de definir qué es una pyme. Criterio, que, a pesar de que deba seguir siendo el principal, presenta algunas limitaciones. Por ello, el Parlamento considera que el volumen de negocios y el balance total también son criterios importantes que deben ser tenidos en cuenta. 

Respecto otros puntos relacionados con la definición de pyme, el Parlamento considera que es esencial fomentar el espíritu empresarial para el crecimiento económico de la Unión. Por ello, insta a la Comisión a que se amplíe el periodo de transición de dos años por el que pasan las empresas de crecimiento rápido, con el fin de que conserven la condición de pymes en ese tiempo. Se recalca como necesario que se ayude a los empresarios, empresas emergentes y pymes a captar fondos, incluyendo una nueva iniciativa como la financiación colectiva. 

En cuanto a las oportunidades de internacionalización, el Parlamento solicita que se desarrolle un indicador de “potencial exportador en relación con el tamaño de la empresa” con el fin de mejorar la información sobre la competitividad internacional de las pymes y poder así proporcionar ejemplos de buenas prácticas. 

Por otro lado, el Parlamento no se olvida de los profesionales independientes y las grandes empresas, puesto que considera que éstos merecen recibir una atención adecuada dentro de las políticas de la Unión ya que también contribuyen al empleo y al crecimiento gracias a su productividad. 

Otro de los aspectos que tiene en cuenta el Parlamento, es que se adopten medidas para el acceso a la cooperación en materia de investigación, estrategias de digitalización y el desarrollo de mercados de exportación. Por ello, es importante que se sigan destinando recursos a las pymes que traten de innovar y generar empleo. 

Por último, uno de los aspectos más importante a mi parecer que considera el Parlamento, es el hecho que las empresas renuncian voluntariamente a crecer, a fin de evitar una mayor burocracia y otras obligaciones que se les exige en el momento en el que se pierde la condición del estatuto de pyme. Para evitarlo, se solicita que se evalúen las posibles repercusiones de la definición de pyme en el desarrollo económico y que tanto la Comisión como los Estados Miembros brinden orientación a las empresas sobre los procedimientos para determinar dicho estatuto, así como información sobre las modificaciones o procedimientos que correspondan de forma no burocrática, oportuna y pragmática. 

En conclusión, mediante el aumento de esfuerzos para lograr un entorno más sencillo y favorable, el Parlamento pretende descargar a las pymes de la excesiva carga administrativa y los obstáculos financieros con los que se topan que causan una limitación a su competitividad, su capacidad de exportación y de creación de empleo. Se consigue así una reducción de los obstáculos institucionales, técnicos y burocráticos, entre otros, a fin de racionalizar la seguridad jurídica y seguir apostando por el crecimiento económico, la cohesión social y la creación y mantenimiento de empleo sostenible y de alta calidad. 

 

 


 
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