Costa Rica ha sido admitida a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir del 15 de mayo del 2020, convirtiéndose en el país miembro número 38, siendo el cuarto de Latinoamérica en integrar este Organismo Internacional que pretende compartir buenas prácticas en materia económica e institucional, después de México (1994), Chile (2010) y Colombia, que ingresó el pasado 28 de abril tras un largo proceso que había comenzado en 2013. El proceso de admisión de Costa Rica empezó a tomar forma en abril del 2015, cuando recibió la invitación formal de la OCDE para iniciar las discusiones conducentes a su ingreso.
La OCDE es un organismo internacional no financiero, por medio del cual, sus países miembros trabajan en conjunto para enfrentar los desafíos económicos, sociales y de gobierno que permitan la adopción de mejores prácticas para un desarrollo inclusivo y sostenible. Además, provee un foro donde los gobiernos comparten experiencias, elaboran políticas públicas y buscan de manera conjunta soluciones a problemas comunes y globales, aún cuando en sus miembros se encuentran diversidad de orientaciones políticas y formas de gobierno. La Organización respeta la soberanía de cada uno.
Los orígenes de la OCDE se remontan a la reconstrucción de Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial en el año 1948, conformada exclusivamente por países europeos occidentales para planificar y coordinar su restauración, con el apoyo de Canadá y Estados Unidos. Luego del éxito que conllevo esta unión de esfuerzos entre países, surge la intención de trasladar esta experiencia a nivel global y deciden entonces suscribir una Convención el 30 de septiembre de 1961, dando origen a la OCDE. Su misión ha sido clara “promover políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”.
A través de proceso de incorporación y admisión, se determina el grado en que las políticas de cada país se acercan o se alejan de los estándares establecidos por la OCDE, para de esta forma diseñar e implementar planes de acción que permitan a cada país reducir esas brechas, además de evaluar la voluntad y la capacidad de cumplir los estándares de la Organización.
Para Costa Rica, el plan de acción se basó en un programa detallado de tareas agrupadas y estuvo a cargo de 25 Instituciones Públicas, responsables de las 22 evaluaciones en distintas áreas y de su implementación, todas bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).
Con la declaración de admisión a la OCDE, Costa Rica asume todas las obligaciones de los demás países miembros incluyendo los objetivos de la Organización, sus compromisos, protocolos, decisiones, resoluciones, reglas, regulaciones y conclusiones, así como las contribuciones financieras, entre otros aspectos.
Algunos de los aspectos fundamentales para el examen de la OCDE a Costa Rica fueron la adhesión del país a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Convención Anti-cohecho de la OCDE), con la cual las naciones firmantes acuerdan establecer como delito el soborno transnacional en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar ese delito. Como consecuencia el país promulgó la Ley 9699 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, en Julio del 2019.
Otra de las regulaciones fundamentales para su incorporación en materia de políticas de competencia por recomendación de la OCDE, fue la adopción de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, Ley 9736 del 5 de septiembre del 2019.
Costa Rica deberá ahora ratificar el Acuerdo de Adhesión, pero antes deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Uno de los aportes relevantes que se espera de Costa Rica ante la OCDE deberá ser el liderazgo en las discusiones sobre la descarbonización para el año 2050.
Artículo de Tatiana Rojas, Partner de Aguilar Castillo Love y Socia Fundadora
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