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11/06/2020

Panamá, con baja capacidad para combatir la corrupción

En el índice elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, el país obtuvo un puntaje de 4.17 de 10, 0.54 por debajo del promedio regional (4.71).

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) ubica a Panamá en la décima posición de 15 países analizados en Latinoamerica, con un puntaje de 4.17 de 10.



Se trata de la segunda entrega anual de este estudio, elaborado y reportado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, y que toma en cuenta por primera vez a Panamá.



La meta es medir la habilidad de los países para descubrir, castigar y prevenir actos de corrupción. Los países con los puntajes más altos son lo que más habilidad tienen para procesar y castigar actores corruptos.



Según su sitio web, Americas Society (AS) es un foro dedicado al debate y diálogos entre países de la región para afincar las relaciones interamericanas. Council of the Americas (COA) es una asociación de negocios cuyos miembros comparten la meta del desarrollo social y económico, mercados abiertos y democracia en este hemisferio. Ambas fueron fundadas en la década de 1960 por David Rockefeller.



Debajo del promedio



El informe contempla tres subcategorías y asigna un puntaje a cada una. En la primera, que analiza capacidad legal, Panamá obtuvo 3.8. En todos los parámetros analizados dentro de esta subcategoría Panamá está por debajo del promedio regional. Algunas de los variables incluyen independencia y eficiencia judicial, tanto de la Corte como de la Procuraduría General, el uso efectivo de acuerdos de pena, habilidad judicial para cooperar con otras jurisdicciones en investigaciones y el acceso a la información pública y transparencia.



En la segunda subcategoría, democracia e instituciones públicas, el puntaje de Panamá fue de 4.36. Sin embargo, el rango entre variables es significativo. Por ejemplo, en calidad general de la democracia puntúa alto (8.4) y por encima del promedio regional. Sin embargo, en legislación y procesos gubernamentales cae a 1.33, más de dos puntos completos por debajo del promedio.



Robert Simon, director senior de política para AS/COA, explicó que para la variable de calidad democrática se basaron en datos externos, como los de Freedom House.



En la subcategoría que evalúa sociedad civil, medios y el sector privado, Panamá recibió su puntaje más alto (5.39), aunque sigue estando por debajo del promedio regional. Aquí se miden aspectos como calidad de la prensa y el periodismo investigativo (5.79), la sociedad civil y su capacidad para movilizarse contra la corrupción (3.67) y las comunicaciones digitales y de redes (5.86).



El reporte califica el panorama anticorrupción del país como “disparejo”. Resalta que al asumir el poder en julio de 2019, el presidente Laurentino Cortizo afincó en la idea de ponerle fin a una década perdida a la corrupción, pero que se refleja una falta de resultados para impulsar una agenda clara. En cuanto a los problemas a monitorear, el reporte concluye que la nueva ley de contrataciones públicas podría significar un retroceso en controles previos.



Una región debilitada



De los 15 países en la región que fueron incluidos en este informe, Uruguay obtuvo el mejor puntaje: 7.78. En todas las variables está por encima del promedio regional. Su puntaje más alto fue en la subcategoría de democracia e instituciones políticas (8.12). Después de Uruguay siguen: Chile (6.57), Costa Rica (6.43) y Brasil (5.52). La diferencia del primer lugar con el segundo es de más de un punto.



Los países al final de la lista son Bolivia (penúltimo) y Venezuela (último), con 2.71 y 1.52 respectivamente. En el caso de Venezuela, en las únicas variables en las que se acerca remotamente al promedio regional son calidad de la prensa y periodismo investigativo, y en comunicaciones digitales y redes. En variables como agencias anticorrupción, independencia y eficiencia judicial y procesos legislativos, la puntuación está por debajo de uno.



El año pasado, en su primera edición, el informe contempló ocho países de la región, a los cuales se les dio seguimiento en este reporte.



De acuerdo con el socio senior para Control Risks, Geert Aalbers, la idea es dar continuación a los países para poder evaluar cómo se han desarrollado en las distintas variables. En cuanto a los cambios por países, Aalberts destacó que aunque la mayoría se mantuvo estable, Perú mejoró su puntaje significativamente, pues pasó de 5.17 en 2019 a 5.47 en 2020. De manera contrastante, el puntaje de Brasil disminuyó en un 10%.



Tanto Simon como Aalbers explicaron las motivaciones para elaborar este índice y las preguntas que surgieron al notar que grandes operaciones anticorrupción, como Lava Jato, se estaban llevando a cabo en lugares como Brasil pero no en sitios como México o Argentina. Mediante la recopilación de datos, identificaron la necesidad de un ambiente anticorrupción, que no se reduce a un solo factor.



Aalbers explicó que identificaron la capacidad legal como uno de los factores más importantes. Plantea que Brasil y Perú son casos de estudio de jurisdicciones capaces de llevar a cabo investigaciones concretas anticorrupción. Resalta la habilidad de cooperar con jurisdicciones foráneas, hacer uso efectivo de los acuerdos de pena y una clara independencia de los principales actores judiciales.



Combatir la corrupción no es un tema de elegir a campeones anticorrupción, aunque personas comprometidas con la causa son importantes. El aspecto más crítico es reformar instituciones para hacerlas mejores en combatir el problema, concluyó Simon.



 

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