En las últimas semanas, han surgido noticias en muchísimos medios, relacionadas con denuncias de corrupción en varios países de este continente y de otros. La mayoría de estos casos, se encuentran relacionados a la flexibilización en las contrataciones estatales con motivo de la pandemia. Algunos relacionados a contrataciones de elementos de salud, higiene y protección, y otros, en la deplorable calidad de estos insumos, que significó, además, que se sospeche que culminaron con numerosos casos de contagio hasta incluso fallecimientos a causa de covid-19.
En Ecuador, los fiscales anunciaron que identificaron una red criminal que en connivencia con funcionarios de salud vendieron al estado bolsas para cadáveres a precio 13 veces superior al real. Agregó la investigación, que uno de los hombres involucrados huyó en una avioneta que se estrelló en Perú, resultando ileso, pero bajo custodia policial. De allí surge el título de esta nota ya que parece que en esta pandemia la realidad estaría superando la ficción. En Bolivia un ex Ministro de Salud se encuentra en prisión domiciliaria por su supuesta participación en la venta de ventiladores médicos defectuosos. Por su parte, en Brasil se encuentran en investigación varios funcionarios a raíz de malversación de fondos públicos durante la crisis sanitaria. También Colombia se ha visto afectada por casos de supuesta corrupción, al estar investigándose contrataciones durante la pandemia de quienes previamente habían sido aportantes en campañas políticas.
Volviendo a Perú, han tenido que renunciar el Jefe de Policía y el Ministro de Interior debido a las compras de suministros de protección e higiene que se encuentran actualmente en investigación, donde se investiga también si a raíz de la pésima calidad de dichos insumos, resultaron masivos contagios y muertes en el cuerpo policial que utilizaron dichas mascarillas faciales, guantes y desinfectantes.
Países europeos también se han visto afectados por adquirir kits de diagnóstico rápido que tuvieron que desestimar por inservibles, mientras que Alemania gestionó una orden de 6 millones de mascarillas que desaparecieron en el aeropuerto de Kenia y por el cual se ha solicitado explicaciones al fabricante.
Lamentablemente, Argentina no ha sido la excepción. Desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria a razón de la pandemia producida por el virus de la covid-19, han sido motivo de noticia y de denuncias compras y contrataciones estatales con irregularidades y sobreprecios respecto de los valores de mercado. Casos de alimentos, barbijos sobrevaluados y caducos, contrataciones a empresas sin antecedentes en el rubro sanitario, entre otros casos.
Lo relatado no hace más que dejar en evidencia la necesidad imperante que requiere implementar controles aún más estrictos para mitigar los riesgos de corrupción. La inesperada crisis que desató la covid-19, desnudó la importancia del “Compliance” y de la “integridad y transparencia en las contrataciones”. Por ello, es que frente a la necesidad pública de tener que flexibilizar las formas jurídicas sobre las que caen las contrataciones y compras, resulta imperante atender a los protocolos de control y minimización de riesgos de corrupción ya que, a falta de ellos, indudablemente se genera un ámbito mas propicio para la concreción de irregularidades, y en algunos casos, prácticas ilegales de corrupción.
La Oficina Anticorrupción dio una rápida respuesta a esta situación y aprobó el 14 de mayo una serie de “Recomendaciones para Fortalecer la Integridad y Transparencia en Contrataciones Publicas Celebradas en el marco de la emergencia por COVID-19”, donde se proponen medidas concretas en materia de transparencia y anticorrupción en base a la normativa vigente, cuya aplicación está reforzada por la pandemia covid-19. Entre esas medidas, se destacan, el uso de la plataforma Compr.ar, invitación a mayor cantidad de oferentes, cumplimiento de la normativa de precios máximos, pero las que más queremos resaltar, y sobre la que venimos pregonando como de mucha utilidad, es la firma de un “Compromiso de Integridad” entre el organismo público y el sector privado, y la solicitud de contar con un Programa de Integridad adecuado. En cuanto a esta última recomendación, la OA expresó, que actualmente esta exigencia ya es obligatoria para las contrataciones enmarcadas en el Decreto 1023/2001. Sin embargo, nada obsta a que se exija su presentación en contrataciones enmarcadas en la emergencia por covid-19.
Creemos que este es el camino correcto, exigir y alentar el desarrollo de Programas de Integridad tanto en el ámbito privado como público, donde puede resultar un importante factor para mitigar riesgos, irregularidades y corrupción, tanto en tiempos de pandemia por crisis sanitaria, como de cara a la nueva normalidad post pandemia.
Por Lina Anllo, Presidenta de World Compliance Association Capítulo Argentino.
23 de Abril
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