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Delitos económicos: penas se elevarían de US$ 500 mil a US$ 3,5 millones

El esfuerzo se sustenta en el explosivo aumento. En 2019, se alertaba que este tipo de ilícitos creció un 537% en últimos 14 años en Chile. Abogado y economista advierten que no todo se soluciona con penas más altas.

Fuente. Diario Concepción. Publicada el 11 de Octubre de 2020. Autor: Javier Ochoa. Fotografía: Andrés Oreña.
 

La ratificación, por parte de la Corte Suprema, de la rebaja de la multa impuesta al empresario Ponce Lerou por el caso Cascadas, de US$ 62 millones a US$ 2,7 millones, revivió la antigua demanda y anhelo de elevar las penas para los delitos económicos.

Y está en discusión parlamentaria el proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir técnicas especiales de investigación. De hecho, la propuesta del Ejecutivo eleva penas de un máximo de US$ 500 mil, a US$ 3,5 millones.

Es que el tema es urgente. Ya en 2019, se alertaba de que este tipo de delitos aumentó un 537% en Chile en los últimos 14 años.

Asimismo, aumenta las penas para los delitos económicos cometidos por funcionarios públicos y para privados que atenten contra el patrimonio del Estado.

“En general, uno esperaría que un aumento en las penas tenga un efecto disuasivo en la conducta, sin embargo, en la práctica esto no siempre ocurre”, estimó el economista de la Universidad de Concepción, Claudio Parés, quien puntualizó que uno de los problemas en este campo es que, aunque exista manipulación de precios u otro tipo de práctica anticompetitiva, es necesario tener una metodología clara que permita generar evidencia judicial que sea comprendida por todos los involucrados en el juicio.

“Sin un mecanismo que permita probar la manipulación y el valor de sus efectos es difícil, sino imposible, pensar en penas proporcionales al daño causado”.

 

La necesaria sistematización

Cabe recordar que esta discusión en la Comisión de Hacienda se enmarca dentro de varias mociones y proyectos de ley, todas consecuencia de la agenda antiabusos, impulsada el año pasado tras el 18 de Octubre.

“A ello, se le debe sumar que el propio Gobierno presentó sus propias modificaciones recientemente, por lo que el Senado deberá analizarlas todas desde una óptica sistemática, para que el resultado a fin de cuentas sea congruente”, planteó el abogado Nicolás Garrido, de Moraga & CIA

– ¿Se soluciona todo con penas más altas?

– Se entiende el interés público y nacional en aumentar la magnitud de las penas a los delitos económicos por la cantidad de fraudes públicamente conocidos en los últimos años, creyendo para estos efectos que sólo por eso se lograría una pena efectiva para los eventuales culpables. Pero hay que ser cuidadosos en atender a demandas sociales sin ninguna restricción, ya que más allá de algún caso en concreto, ello puede afectar la armonía y equilibrio en su conjunto de un sistema penal que a fin de cuentas dictamina o no sobre la libertad de una persona y, por otro lado, de derechos esenciales de la víctima también. Por ejemplo, ¿cómo comparar o fundamentar el que la gravedad de un delito violento o físico, como los delitos sexuales, por ejemplo, tengan, en algunos casos, menor pena que un delito económico, de aprobarse estos cambios?, ¿cuál es más grave, cómo lo comparamos? Estos son temas de una complejidad enorme, de une evolución de cientos de años de la ciencia penal, criminología y otras disciplinas aledañas, que versan, al fin y al cabo, sobre la herramienta más fuerte y afectadora de derechos que es el sistema penal, por lo que se debe ser extremadamente cuidadoso al pretender reaccionar por vía de aumentar penas.



 

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