Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

17/11/2020

La última cruzada de Manuel Cruzat: recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Manuel Cruzat Infante acusa que en Chile se vulneró su derecho a la protección legal y que él es víctima de actos corruptos del grupo Penta. Una de sus empresas participó en operaciones irregulares con Penta, pero él ha negado haberlas conocido.

Fuente: Diario La Tercera. Publicada el 13 de Noviembre de 2020. Autor: Víctor Cofré.

Manuel Cruzat Infante recurrió a sus 80 años a un camino no convencional en el mundo empresarial para librar su más reciente batalla: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. A través de la abogada Jessica Torres, quien fuera la cabeza del mayor grupo empresarial chileno hasta principios de los años ochenta ingresó el 30 de octubre un formulario de petición donde describe su caso y la supuesta afectación a sus derechos humanos.

El origen de la presentación está en el caso Penta. Una de las empresas de Manuel Cruzat, CB Consultorías y Proyectos, participó como una de las partes de la triangulación de dineros con forward irregulares. Cruzat declaró que nunca se enteró de aquellas operaciones y culpó a dos ejecutivos suyos de acordar con un gerente del grupo Penta las irregularidades. Cruzat declaró en aquella ocasión sobre los contratos de forward: “No los había visto antes, para mí son raros e inusuales porque están haciendo calzar la operación a través de un instrumento que normalmente se utilizaba para otras cosas”, dijo Cruzat en 2015, al testificar como imputado. Luego no fue acusado judicialmente.

Cruzat ha reclamado con posterioridad por los perjuicios ocasionados a sus empresas por este caso: el grupo CB tuvo a 8 personas querelladas por el Servicio de Impuestos Internos y recibió liquidaciones de impuestos por $ 3.363 millones. Cruzat acusa que la Fiscalía Nacional renunció a la persecución penal del delito de corrupción contra los controladores de Penta y por ello, en marzo de este año presentó un recurso de protección contra el Presidente de la República para forzar la presentación de un proyecto de ley para la creación de un recurso de procesal que permita recurrir contra sentencias que en Chile desahucien de facto los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que, sostiene, ocurrió en el caso Penta. Las Cortes de Apelaciones y Suprema declararon inadmisible esos recursos. “Los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso”, determinó la Corte de Apelaciones el 20 de marzo. Esos fallos de la justicia fundan la presentación ante la CIDH, en la que Cruzat se presenta como un “empresario afectado por los actos corruptos”.

En particular, Cruzat alega que se vulneró su derecho humano a la protección judicial y a igual protección ante la ley, lo que, por añadidura, permitió que los actos de corrupción que imputa a los dueños de Penta hayan privado al Estado de recursos económicos, afectando con ello los derechos a la salud, vivienda, educación y el derecho a la cultura.

La denuncia está dirigida contra el Estado de Chile e identifica como autoridades responsables a los integrantes de las salas de la Corte de Apelaciones y Suprema que declararon inadmisible el recurso de protección que interpuso este año.

[Leer Más]

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas