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La transparencia en España

Autor: Juan Carlos Galindo

Fuente: La Vanguardia

La calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publico el martes pasado, Transparency International, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100. Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado. Situándose por debajo de la media de la unión europea que es de 66 sobre 100. Por delante de España se sitúan países como Catar, Emiratos Árabes , Bután, Taiwán, Barbados, Seychelles o Bahamas. No deja de ser sorprendente, muy sorprendente.

Pero además de preguntarnos porque algún país catalogado como paraíso fiscal ( si no lo digo reviento) esté delante nuestro en este índice de transparencia publica basado únicamente en la percepción del entrevistado; debemos de preguntarnos como esta España al respecto de la tan manida y a la vez necesaria transparencia pública.

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política

Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

En definitiva, la transparencia es información útil. De nada sirve tener acceso a mucha información si esta no es la adecuada para que la ciudadanía tome decisiones en base a ella. Y para eso están las leyes que regulan el que, el cómo, el para que y el cuándo se accede a dicha información útil. Aquí, en España existe la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Que paradójicamente la implemento el partido popular. Dicha ley necesita con urgencia una revisión profunda para convertirla en útil. Hasta la fecha de poco nos ha servido.

“La ausencia de una estrategia nacional de prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito de las AAPP y sus sectores empresariales e institucionales; el retraso en trasponer la Directiva EU 2019/1937, de protección de las personas que denuncian la corrupción y de canales seguros de denuncias, la negativa a modificar el código penal incorporando el delito de enriquecimiento ilícito o introduciendo eximentes en la tipificación del de revelación de secretos cuando esta revelación sirva para descubrir tramas corruptas; el papel poco ejemplarizante de la conducta del exjefe del Estado...” son, en opinión de Joan Llinares, director de la agencia valenciana antifraude, “factores que contribuyen a que la percepción de corrupción en España se mantenga e incluso aumente alejándonos de los estándares más avanzados de la UE”. Suscribo cada palabra, cada coma y cada acento.

¿Cómo puede existir la transparencia pública en España sin saber a quién adjudico un contrato en las administraciones publicas? ¿ Cómo no puedo saber a dónde va el dinero público?

Lo peor de todo, es que el estado no puede decir que nadie se lo dijo, que nadie le advirtió, que no lo sabía. Me consta, que tenemos profesionales de primer nivel, que desde hace tiempo ya están advirtiendo a nuestros gobernantes, de un color político u otro, que no es suficiente, que no es el camino. Que la ciudadanía quiere más. Necesita más.

Me refiero, por ejemplo, a que se introduzcan Ítems de transparencia como la titularidad real de las empresas que son contratadas por entidades públicas. Si, si, que no te sorprenda. En la administración pública se contrata sin saber quién es el “dueño real” de las empresas adjudicatarias de los concursos o contratos menores. No se solicita la titularidad real.

¿Pero que es la titularidad real? Ni mas ni menos, es identificar quien está detrás de la empresa, quien ejerce el control de esta, ya que en muchas ocasiones el administrador de estas no es el propietario. Las empresas en ocasiones son utilizadas como cortina de humo para encubrir u ocultar a una o varias personas físicas. En definitiva y para ponerte un ejemplo claro, en estos momentos podrían estar decenas de empresas cuya titularidad real fuera de concejales, diputados, cargos de gobierno o de familiares cercanos y no nos enteraríamos.

¿Cómo puede existir la transparencia pública en España sin saber a quién adjudico un contrato en las administraciones publicas? ¿ Cómo no puedo saber a dónde va el dinero público? Pues así nos va.

 


 
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